La ONU ha hecho público el oficio realizado por la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, dirigido tanto al Gobierno de España como a la empresa Tungsten San Finx, SL, propietaria de la mina del municipio coruñés de Lousame, por un presunto «uso abusivo» de denuncias por parte de la empresa minera para «intimidar a las personas defensoras del medioambiente».
Según ha trasladado Ecoloxistas en Acción a través de un comunicado, la misiva es parte de una investigación abierta por la ONU después de que Tungsten San Finx denunciara «falsamente» a la asociación ecologista ante los juzgados de Noia tras una acción de protesta contra los vertidos de la mina por los que la empresa ha sido recientemente sancionada por parte de la Xunta, con una multa de 180.000 euros.
En los oficios firmados conjuntamente por la presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas transnacionales, Damilola S. Olawuyi, y por el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd, expresan su «preocupación ante la causa abierta contra Ecoloxistas en Acción», que creen que está basada en «una denuncia abusiva, iniciada en represalia por su activismo pacífico contra daños ambientales resultando de la mina San Finx».
Además, en el oficio afirman que la preocupación «se ve amplificada» por anteriores «acusaciones infundadas» interpuestas por la empresa minera contra Ecoloxistas en Acción y otras organizaciones «en presunta represalia por su trabajo pacífico en defensa del medioambiente», refiriéndose a otras denuncias presentadas por Tungsten San Finx, archivadas por el Ejecutivo gallego.
Por su parte, la empresa minera, a diferencia del Gobierno central, se ha negado a responder a las cuestiones formuladas por la ONU, que reclamaba información sobre las medidas adoptadas por la empresa para cumplir con la legislación ambiental, sobre los impactos causados por su actividad y las medidas de la empresa para garantizar la eliminación de los residuos mineros.
AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Después de que el Juzgado de Noia haya archivado la denuncia de Tungsten San Fix, la investigación de la ONU se ha ampliado a una nueva acción penal a la Cámara oficial de Mineros de Galicia, que les atribuyó a Ecoloxistas en Acción un delito de coacción y asalto violento por entregar en la sede del organismo minero de varias muestras de agua contaminada de las minas de San Finx y Touro.
Ecoloxistas en Acción ha declarado que la acción fue «totalmente pacífica», pero desde la Cámara la cualificaron de «asalto violento». El caso más reciente y «disparatado» de una campaña «continua y sistemática de acoso judicial» por parte del lobby para «intimidar y silenciar a las organizaciones que denuncias las ilegalidades mineras».
La asociación ecologista ha relacionado esta denuncia con su reciente victoria, que ha obligado a paralizar la mina de A Penouta, propiedad de la empresa para la que trabaja el presidente de la Cámara Minera.
