El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, junto a la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, se han reunido este viernes con representantes de la cadena mar-industria y de los ayuntamientos costeros para explicarles el «exhaustivo y riguroso trabajo» realizado para la presentación de las alegaciones ante el Tribunal Constitucional en repuesta al «agravio comparativo» que, a su juicio, supone el recurso presentado por el Ejecutivo central contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.

La vicepresidenta segunda ha recalcado durante el encuentro que el Gobierno gallego ha remitido al Tribunal Constitucional un documento de 350 páginas, en el que se defienden los intereses de los propietarios de inmuebles y de actividades estratégicas en el dominio público marítimo-terrestre, insistiendo en que la ley tiene como objetivo dar seguridad jurídica a las instalaciones asentadas en la costa.

Asimismo, Ángeles Vázquez ha reiterado que Galicia posee las competencias exclusivas para la gestión de su litoral, tal y como establece el artículo 27 del Estatuto de Autnomía y como ha reconocido el Consello Consultivo de Galicia. Además, considera que el recurso por parte del Ejecutivo central es un «agravio comparativo con Cataluña, País Vasco y Baleares».

Por su parte, el titular de Mar ha agradecido la presencia de los representantes del sector mar-industria y la elaboración de una ley que defiende «algo que es nuestro y declara como esencial el sector del mar».

De igual manera, Alfonso Villares ha mostrado su convencimiento de que el Tribunal Constitucional dará la razón a Galicia en lo que respecta a la ley del litoral, que «cuenta con todos los argumentos necesarios» para que prosperen sus demandas y «sólo busca aportar seguridad jurídica a un ciento de empresas y miles de empleos».

Además, Villares ha tildado de «falta de respeto hacia los gallegos» que se «tache» la ley del litoral de inconstitucional, mientras el Gobierno concede la amnistía a los agresores de unos policías nacionales gallegos el pasado mes de octubre, y al País Vasco se le cede la gestión del litoral sin tener que modificar un estatuto que recoje las mismas competencias en este ámbito. Ha afirmado que la Xunta «no va a dar un paso atrás en la defensa del mundo del mar».