El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este sábado la nueva planta de biorresiduos que la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) en Vilanova de Arousa (Pontevedra), para anunciar que el 1 de diciembre empezará a funcionar.
Dará servicio a 26 municipios con una población total de 327.000 habitantes, según informa el Gobierno gallego. «Va a atender directamente la un número muy importante de ayuntamientos, y que además, se complementará con una serie de plantas auxiliares», ha señalado.
Rueda, acompañado de su vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha podido conocer de primera mano estas instalaciones en las que la Xunta ha invertido 15,8 millones de euros.
La planta de compostaje, que está dotada de la «última tecnología» y será, en parte, autosuficiente energéticamente a través de paneles solares, será la «más importante que va a haber en la provincia».
Está capacitada para tratar cada año 15.000 toneladas de la materia orgánica que los ayuntamientos recojan y otras 7.000 de otros materiales, como podas o restos de madera. En total, se prevé que produzca unas 6.000 toneladas de compost anuales para destinarlos a agricultura y jardinería.
En este contexto, el presidente gallego ha manifestado su «firme compromiso» con dejar una Galicia «más verde y sostenible». «Si hacemos un reciclaje de los residuos de calidad, estaremos haciéndonos un gran favor a nosotros, y sobre todo, a los que vienen detrás», ha afirmado.
Dicho esto, ha explicado que la Xunta destinará 212,2 millones de euros a medidas para luchar contra el cambio climático y el tratamiento de residuos en sus presupuestos del 2024, que ya están en trámite parlamentario.
CONTENEDOR MARRÓN
Cabe recordar que la nueva legislación europea y estatal marcan que, desde el 31 de diciembre de 2023, los ayuntamientos tendrán que recoger de manera diferenciada la materia orgánica a través de los contenedores marrones, entre otros sistemas.
Preguntada al respecto por los medios de comunicación, la vicepresidenta segunda de la Xunta ha defendido que su departamento «hizo una planificación» de cara a esta obligación de instalar contenedores marrones a través de diferentes líneas de ayuda que las administraciones locales han ido solicitando.
Ángeles Vázquez ha aprovechado para criticar que el Gobierno central fijase esta obligación para finales de 2023 cuando Bruselas daba de plazo máximo «dos años más». Por tanto, la también conselleira de Medio Ambiente ha prometido «ser flexibles» con esta cuestión.
«Se trata de un buen tratamiento de residuos. No se trata, igual que con la ley de bienestar animal, de sancionar, sino de que la gente se vaya concienciando», ha explicado Vázquez.
