El personal del Centro de Menores Concepción Arenal y el CIEMA, ambos titularidad de la Xunta y gestionados por la Fundación Camiña Social, han reclamado la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la defensa del convenio colectivo propio y una mejora del servicio que se presta a los menores y han denunciado que la institución no tiene «voluntad de negociar» y el Gobierno autonómico «se pone de perfil» ante el caso.

«Básicamente pedimos una actualización de salario porque la pérdida de poder adquisitivo ha sido brutal, llevamos nueve años completamente congelados», ha denunciado el delegado de personal de la Fundación Camiña Social, Marcos García, en declaraciones a Europa Press. «Lo hemos intentado absolutamente todo y lo único que tenemos es la callada por respuesta», ha apuntado.

Lo ha hecho este miércoles en declaraciones a Europa Press, en una jornada de huelga y dos concentraciones convocadas por las organizaciones sindicales CIG-Ensino, UGT-Servizos y CCOO-Ensino. La primera protesta ha sido ante el Concepción Arenal y la segunda delante del Edificio Administrativo de la Xunta, haciéndose el desplazamiento de un lugar a otro a modo de caravana reivindicativa de coches.

La huelga, según ha especificado García, ha contado con «un seguimiento de más del 90% y no tiene más por los servicios mínimos que tenemos que es un servicio muy delicado».

Según el delegado de personal, la Fundación Camiña Social, pese a tener un superávit millonario en sus cuentas, de más de seis millones de euros, mantiene congelados los salarios de sus trabajadores y trabajadoras desde el año 2014 y alega que «se ciñe al convenio del sector, excusándose en unos supuestos balances económicos negativos de los últimos años, que nada tienen que ver con la realidad de la fundación».

«Se han olvidado completamente de nosotros», ha lamentado, tras añadir que «a lo largo de estos años» la Xunta ha aumentado en varias ocasiones la partida presupuestaria a la Fundación «y eso no se ha visto reflejado en el aumento de los salarios que son la principal partida del presupuesto». «No se pone en valor nuestro trabajo sino todo lo contrario y no hay ninguna voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo, están cerrados en banda», ha insistido.

En cuanto a la postura de la Xunta, García ha pedido que se «pronuncie» como «responsable último del servicio». El colectivo ha tenido «varias reuniones» con la Consellería de Política Social, ha señalado, y «un poquito se lavan las manos diciendo que esto es un conflicto laboral». «Es una posición relativamente cómoda de la Xunta cuando ellos son los que ponen el dinero», ha argumentado.

POLÍTICA SOCIAL

En este sentido, fuentes de Política Social consultadas por Europa Press han indicado que éste es un conflicto «entre la entidad y los trabajadores» y han instado «a ambas partes a que lleguen a un acuerdo». «La Consellería no tiene competencias para realizar intermediación», han puntualizado, tras añadir que «no son trabajadores de la Xunta, sino de una entidad social que gestiona dos centros» de titularidad autonómica.

Al mismo tiempo, han aclarado que se trata «de centros de reeducación, de cumplimiento de medidas judiciales» y, por tanto, «no son chicos del sistema de protección» de la Xunta.

En consecuencia, «después de dos años y pico negociando» los trabajadores se han «visto abocados a entrar en conflicto». «Esta huelga es el pistoletazo de salida después de las negociaciones fallidas y es el comienzo de una serie de movilizaciones que iremos haciendo paulatinamente esperando que en algún momento la Fundación recapacite y dé marcha atrás en este planteamiento de cero negociación, cero escucha a los trabajadores», ha avanzado Marcos García.