La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha asegurado que el día que se produjo el incendio de Oímbra, el 12 de agosto del pasado año, «no tenía constancia» a través del Servizo agrario galego (Seaga) de que el tractor implicado en la causa estuviese realizando tareas de desbroce.
En este sentido, ha detallado que el 29 de julio la Dirección Xeral de Defensa do Monte «ordenó» a la empresa pública Seaga (dependiente del departamento autonómico) «paralizar todos los desbroces y rozas» que realizaban en materia de prevención.
Así lo ha declarado este viernes ante los medios de comunicación durante su visita al el Centro de Formación e Experimentación Agraria de Lourizán.
«Seaga envió, vía correo electrónico, dicha notificación a las empresas que prestaban servicios en la provincia de Ourense, especialmente por esa situación de altas temperatura, para que paralizasen los trabajos», ha puntualizado.
A renglón seguido, la conselleira ha asegurado que el día que se produjo el incendio, el 12 de agosto, «no tenía constancia» de que ese tractor estuviese realizando tareas de desbroce.
Finalmente, la conselleira ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales y ha remarcado que su departamento se puso, «desde el primer momento» a disposición de la Guardia Civil.
«Total respeto, como no podía ser de otra forma, a ese procedimiento judicial que todavía está en marcha y esperemos que se resuelva lo más rápido posible», ha sentenciado.
FISCALÍA SOLICITA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL
Todo ello, después de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga a un tractorista por el incendio que se originó el 12 de agosto de 2025 en el municipio ourensano de Oímbra y que calcinó más de 23.000 hectáreas al considerar que el hombre «actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo» y «no estaba desbrozando por iniciativa propia».
Según se recoge en el escrito fiscal, la imprudencia «no puede considerarse como grave», al recalcar que este «seguía unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo» y añadiendo que no constaba que fuese notificada o avisada una «prohibición expresa para realizar trabajos de desbroce».
Así, el Ministerio Fiscal ha apuntado a la responsabilidad derivada de los «evidentes errores de coordinación y mando» entre Xunta, Ayuntamiento de Oímbra y Servizo agrario galego (Seaga), como una «cuestión distinta y a dilucidar en el orden correspondiente» –vía administrativa/civil– con respecto a las órdenes dadas a dicho trabajador y a las «prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica».
