Los juzgados y tribunales gallegos cerraron el primer trimestre del año sin apertura de juicios orales o procesamientos por casos de corrupción. Tampoco se han emitido sentencias por delitos de este tipo, que generaron a nivel estatal la apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 119 personas –85 físicas y 34 jurídicas–.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 15.

Según ha explicado el órgano de gobierno de los jueces en una nota informativa, los datos corresponden a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.

ANDALUCÍA, LA CCAA CON MÁS ACUSADOS

Según la información facilitada por el CGPJ, la comunidad autónomas con más personas acusadas es Andalucía, con 66 físicas y 32 jurídicas en un total de 5 procedimientos. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 10 personas físicas y 2 jurídicas acusadas; la Comunidad Valenciana, con 8 personas físicas; y Cataluña con una persona física.

Durante el primer trimestre de 2023, ninguno de los órganos centrales –ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional– registraron procedimientos por delitos de corrupción.

Por su parte, en el desglose del apartado referente a las sentencias dictadas consta que entre enero y marzo de este año se dictaron 15 sentencias por casos relativos a este tipo de delitos. Unas 10 fueron total o parcialmente condenatorias y 5 absolutorias, «lo que supone que el fallo condenatorio fue en dos de cada tres –el 66,6%– de los casos.

La información ofrecida detalla si las sentencias han sido absolutorias o condenatorias y, dentro de éstas últimas, si lo han sido con o sin conformidad, así como si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Según las tablas, se dictaron 2 sentencias sin conformidad en la Audiencia Nacional; 1 parcialmente condenatoria y 3 absolutorias en Andalucía; 1 condenatoria sin conformidad en Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Y una absolutaria en Castilla y León y Madrid.