La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el próximo martes, día 30 de mayo, a 12 acusados de pertenecer a un grupo criminal dedicado a la venta de droga en el poblado de O Vao de Arriba, ubicado en la localidad pontevedresa de Poio.
El caso procede del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra y para ellos Fiscalía solicita hasta diez años de prisión y una multa de 200.000 euros como autores de delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal, entre otros.
Según recoge el Ministerio público en su escrito de acusación, los hechos se remontan a 2018, cuando los acusados se dedicaban «de modo estable» al acopio y a la comercialización de estupefacientes, tanto de heroína como de cocaína.
La droga era distribuida por ellos a consumidores finales o a otros distribuidores secundarios en el mercado ilícito, que a su vez las entregaban en el poblado de O Vao, en Poio, y en diferentes puntos de la provincia de Pontevedra y de A Coruña.
La investigación policial permitió la detención de los ahora acusados y, tras la entrada y registro en varios domicilios ubicados en Poio y en Vilaboa se incautaron diferentes cantidades de droga divididas en pequeñas porciones, así como teléfonos móviles, coches o dinero en efectivo.
Por todo ello, para uno de los acusados Fiscalía solicita hasta diez años de cárcel y una multa de 120.000 euros por un delito contra la salud pública y otro de atentado. Este último por tratar de atropellar a un agente de Policía cuando intentaba detenerlo.
Para otros cinco investigados el Ministerio público pide ocho años de prisión y una multa de 200.000 euros por un delito contra la salud pública y por integración en grupo criminal. Otros tres se enfrentan a seis años de cárcel por un delito contra la salud pública y multas que van desde los 15.000 a los 200.000 euros.
Además, otros dos investigados pueden ser condenados a penas de cuatro años y medio y a una multa de 100.000 euros por un delito contra la salud pública. Mismo delito y misma cantidad se pide para el último acusado, aunque la pena de prisión solicitada es de tres años.
