La CIG espera que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordena al Consello Galego de Competencia sancionar a Monbus y Alsa por indicios de repartirse el mercado del transporte por carretera sirva para «poner cordura» en el sector y así «revertir la peor situación que vive en su historia».
En un comunicado emitido este miércoles tras conocerse la resolución del Alto Tribunal gallego, el responsable de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, ha calificado de «increíble» que la Xunta «permita, promueva y ampare» actuaciones empresariales como las censuradas por la justicia en la sentencia, que considera que existen indicios de que las dos compañías actuaron en connivencia para repartirse el mercado a través de la creación de una Unión Temporal de Empresas con la que concurrieron a varios contratos de transporte por carretera.
La CIG ha recordado que estas prácticas ya motivaron la presentación de quejas ante la mesa de contratación de la Consellería de Mobilidade y de denuncias a Competencia que fueron archivadas. «Ahora, años después y con un sector sumido en el caos, el propio TSXG le ordena a la Comisión Gallega de la Competencia que abra un expediente sancionador a Monbus y Alsa e investigue el que en su día lo que no quiso investigar», ha añadido.
Así pues, espera que se llegue «al fondo» de la cuestión para determinar «si realmente existió connivencia» entre Monbus y Alsa para repartirse contratos «y quedarse con algunos de los lotes más rentables», entre los que ha citado la línea Vigo-Ferrol, adjudicada a Monbus, y el transporte metropolitano de A Coruña, con el que se hizo Alsa.
En este sentido, la central nacionlista ha subrayado que Monbus «intentó poner en práctica» la «maniobra» de presentarse a ofertas en UTE en Aragón «pero el Gobierno autonómico no lo consintió por entender que suponía un fraude».
Así pues, ha instado a la consellería que dirige Ethel Vázquez a dejar de «ponerse de perfil», abandone «su política de protección a Monbus» y diseñe un nuevo plan de transporte «que realmente atienda las necesidades de movilidad» de Galicia.