La sección cuarta de la Audiencia Provincial ha resuelto este miércoles mediante un acuerdo de conformidad el juicio contra nueve personas acusadas de formar parte de una organización de narcotraficantes que trataba de introducir cocaína en Ourense en un envío legal de fruta procedente de Ecuador.
Dos de los acusados son vecinos de Vilanova, uno de Vilagarcía, otro de Ourense, dos son colombianos y tres ecuatorianos. Falta el supuesto cabecilla que consiguió escapar.
Estos encausados han admitido la autoría de los delitos contra la salud pública que les llevaron hasta el banquillo de la Audiencia Provincial a cambio de una rebaja en la petición de penas por parte la Fiscalía Antidroga que superaba inicialmente los 120 años de cárcel, además de elevadas multas.
En virtud de lo acordado entre las partes Manuel Benito V.P., es condenado a ocho años de prisión y dos multas de quince millones de euros; Jhon Felipe L.M., a siete años y nueve meses de prisión, y dos multas de quince millones de euros. José Vicente C.B., seis años y diez meses de prisión, y dos multas de catorce millones de euros; Jaime Alexander R.V., siete años de prisión y dos multas de catorce millones de euros; Victor Hugo G.B., siete años de prisión y dos multas de catorce millones de euros; Jose Luis G.S., tres años de prisión y dos multas de siete millones de euros; Jose Manuel C.M., dos años de prisión y dos multas de siete millones de euros; Ana Elizabeth V.E., tres años de prisión y dos multas de siete millones de euros y Juan Carlos M.M., dos años de prisión y dos multas de siete millones de euros.
El Ministerio Público relata en su escrito de acusación que esta banda pretendía trasladar un alijo de 359 kilos de cocaína, valorado en 14 millones de euros, desde Colombia hasta Ecuador, donde lo camuflarían en un envío legal de fruta en un contenedor marítimo con destino al puerto portugués de Leixões y desde allí por carretera hasta la nave de una empresa de frutas ubicada en el polígono ourensano de San Cibrao das Viñas.
La causa procede del Juzgado número 1 de Vilagarcía, y fue el resultado de una larga investigación policial en la que participó la agencia estadounidense DEA que fue la que facilitó la información que inició el caso.
