Galicia contaba con 116,5 personas de más de seis años con discapacidad por cada mil habitantes en 2020, superior a la media nacional (97 por cada mil habitantes), lo que representa la tasa más elevada por comunidades.

Así se desprende del estudio ‘Análisis sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad e identificación de retos de futuro’ publicado por el Real Patronato sobre Discapacidad, y que toma como base los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020 (EDAD-2020) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por detrás de Galicia se sitúan Canarias (115,0) y Castilla-La Mancha (111,4). En la otra cara de la moneda Illes Balears (79,0), Comunidad Foral de Navarra (79,6) y Comunidad de Madrid (80,7), que presentan las tasas más bajas.

Si los datos se comparan con los recabados en la EDAD-2008, se observa que la tasa de discapacidad ha aumentado en los últimos 12 años. Y es que Galicia contaba con 112,9 personas con discapacidad por cada mil habitantes en 2008, momento en el que era la tercera región con una mayor tasa de discapacitados.

En aquel momento era Melilla la que lideraba el ranking (118,6), seguida de Ceuta (113,2), y Galicia (112,9). Además de la subida de la Comunidad gallega que la sitúa en el primer puesto de la listas, las dos ciudades autónomas han «reducido significativamente» sus tasas.

Otro dato que ofrece el informe es la concentración de personas con discapacidad en el medio rural. Aproximadamente la cuarta parte de la población española discapacitada vive rural. Esta concentración es «especialmente alta» en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja.

Por provincias, Ávila, Cuenca, Teruel, Zamora, Segovia, Soria, Cáceres, Ourense, Lugo, Guadalajara, Toledo, León, Lleida, Badajoz,Navarra, Palencia y Huesca tienen a la mitad o más de su población condiscapacidad residiendo en el medio rural.

IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS

Según explica el Real Patronato en un comunicado, el estudio busca ser de utilidad para poder realizar «las adecuadas políticas públicas a favor de los derechos de las personas con discapacidad basadas en el necesario conocimiento científico».

Para ello, profundiza en aspectos como la ciudadanía activa y los derechos humanos, la inclusión y participación social, la autonomía personal y la vida independiente, la igualdad y la diversidad y la accesibilidad universal, «teniendo siempre especialmente en cuentala perspectiva de género, la ruralidad o a las personas con grandes necesidades de apoyo».

Así, el estudio concluye que, si bien las mejoras normativas de los últimos años han supuesto un enorme avance para las personas con discapacidad, «siguen siendo muchas las barreras que encuentran en su vida diaria para disfrutar del ejercicio de sus derechos en igualdad decondiciones».

Es por esto que instan a los poderes públicos a seguir realizando «una acción decidida» para «garantizar» los derechos de las personas con discapacidad, el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, y la igualdad y la no discriminación, tal y como exige –recuerdan– la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad.

«Este trabajo pone de relieve la apuesta del organismo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la generación de conocimiento relativo al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, que a su vez sirvan de base para el diseño de la acción pública», asegura el director del Real Patronato, Jesús Martín Blanco.