La Fiscalía Antidroga ha pedido 31 años y 6 meses de prisión para José Ramón Prado, conocido como Sito Miñanco, y 9 años y 9 meses de cárcel para Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.

La Fiscalía Especializada ha remitido esta semana su escrito de acusación al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. En él acusa a más de 50 investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha solicitado también que se aplique una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones de euros para Prado Bugallo. Esta petición tiene lugar después de que el pasado 18 de noviembre la Audiencia Nacional enviara a ambos a juicio por su presunta implicación en la ‘Operación Mito’.

El Ministerio Público ha concluido que Sito Miñanco, «con el propósito de introducir y distribuir la droga, contaba con una «infraestructura personal necesaria» que ya había acumulado una «experiencia criminal significativa en el negocio del narcotráfico».

Todos los acusados guardan una supuesta relación con la ‘Operación Mito’, centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

En el marco del escrito, la Fiscalía ha solicitado 22 años de prisión para Luis Enrique García Arango –supuesta mano derecha de Sito Miñanco conocido como ‘el viejito’– y Juan Antonio Fernández Fernández –alias ‘nuria–, a quien Prado Bugallo confiaba también los «pormenores de las distintas operaciones criminales».

LOS CONTRATOS DE BOYE

En 179 folios, el Ministerio Público ha descrito cómo entre 2016 y 2018 la actividad principal de Sito Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, pese a que se encontraba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Algeciras.

En el marco de esta presunta organización, Boye –que se encuentra en libertad– fue procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.

Estos ‘correos humanos’, que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los ‘narcos’ contactaron a Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

En concreto, la Fiscalía ha subrayado que Boye y otros abogados –para «acreditar el origen ilícito del dinero intervenido»– confeccionaron unos contratos de compraventa de unas letras de cambio. Para el Ministerio Público, «el pretendido negocio no presentaba lógica comercial alguna».

En este sentido, el fiscal ha incidido en que Boye «presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico».

Así, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de dichos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

En su escrito, la Fiscalía ha situado como el presunto líder de esa red a Sito Miñanco, que se encontraba en prisión en el momento de los hechos y que permanece internado por otra condena de blanqueo de capitales.

Esa organización se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en ‘b’, un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.

El Ministerio Público ha asegurado que Sito Miñanco hizo del narcotráfico su «modus vivendi’ de manera continuada y estable», ya que no solo se encontraba cumpliendo condena por una sentencia de 2006, sino que encadenaba una condena anterior por un delito contra la salud pública y «carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad».

Antidroga ha explicado que «una de las notas principales que caracterizaba el entramado criminal dirigido y controlado por Prado Bugallo era su naturaleza eminentemente personalista».

Según ha señalado, «todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas por él, quien, pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario, extremaba el control sobre las actividades de sus subordinados, en particular, respecto a la confidencialidad de las comunicaciones que mantenían entre ellos».

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