La Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha presentado este martes un recurso ante el Tribunal Supremo para que se ordene una nueva investigación «independiente» del accidente ferroviario de Santiago de Compostela que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas.

La plataforma ha acudido esta mañana a las puertas del Alto Tribunal para presentar su escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y solicitar así que revise la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por la que se les dio la razón parcialmente y se ordenó a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que se reuniese para analizar y dar respuesta a la solicitud de una nueva investigación.

«Venimos a poner un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque lo que queremos es que se haga una investigación independiente, tal y como viene exigiendo Europa», ha señalado el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, en declaraciones a la prensa.

«Nos parece lamentable y dice muy poco de nuestras instituciones que, casi nueve años después del accidente más grave de la democracia, las víctimas y familiares tengamos que seguir recurso a recurso, tribunal tras tribunal», ha añadido para luego subrayar que «todos los gobiernos, desde el PP y desde el PSOE con Podemos», les han «ninguneado» y que considera «terrible» que tengan que seguir «luchando» por una «investigación independiente».

Las víctimas han asegurado que el TSJ de Madrid debió haber ordenado la renovación de los miembros de la comisión y debió haber resuelto si el silencio administrativo de la CIAF a su petición de una nueva investigación se ajustaba o no a Derecho.

En un escrito de 16 folios, recogido por Europa Press, la asociación ha defendido que existe un «claro interés casacional objetivo» porque no consta jurisprudencia del Supremo que pueda arrojar luz a un caso como este, por lo que ha visto pertinente que el Alto Tribunal se pronuncie ahora.

La plataforma, además, ha incidido en que el caso goza de interés casacional por el «gran número de situaciones derivadas de la investigación por el Estado de accidentes ferroviarios graves». Así, ha recordado que en los últimos 30 años se han producido al menos otros cuatro accidentes como el de Alvia.

LA RESOLUCIÓN DEL TSJ DE MADRID

En un principio, las víctimas acudieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid al considerar que el informe final sobre el accidente de Angrois realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), del 20 de mayo de 2014, fue «elaborado con la intervención de personal directamente involucrado en el siniestro» y no fue, por ello, independiente. Reclamaban tanto que se renovasen sus miembros como que se realizase una nueva investigación.

El TSJ de Madrid estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo que presentaron y ordenó a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que se reuniese para analizar y dar respuesta a la solicitud de una nueva investigación sobre el accidente de Angrois presentada por esta asociación.

El TSJ madrileño dio parcialmente la razón a las víctimas e instó a que la CIAF se pronunciase sobre esta petición a pesar de que el Gobierno no acceda a la renovación de sus miembros, algo que también reclamaba la Plataforma y que fue rechazado por el tribunal.

INDEPENDENCIA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Ahora, la asociación ha llevado el caso ante el Supremo porque considera que la sentencia del tribunal de Madrid «ha incurrido en un error de Derecho debido a una interpretación (…) desconectada de la correcta interpretación de las Directivas europeas en materia de seguridad ferroviaria».

A su juicio, la resolución que ahora recurren «parece resolver que, por el mero hecho de estar jubilados los miembros de la CIAF, revisten, per se, absoluta independencia». En el recurso ante el Supremo, la plataforma ha mostrado su oposición a dicha conclusión y ha insistido en que «el hecho de estar jubilado no implica en absoluto independencia».

En este sentido, ha defendido que el TSJ de Madrid «debió entrar a dilucidar si, en su caso, la trayectoria profesional de los miembros de la anterior CIAF, les podría permitir gozar de esa independencia que tanto añora una plataforma de víctimas de un terrible accidente ferroviario como el sufrido» por las víctimas que, según ha subrayado, «vieron cómo el Estado español cerró en falso una investigación que nunca debió permitirse».

La plataforma ha acordado ahora trasladar la pregunta al Supremo: «La cuestión que sometemos a criterio del Alto Tribunal es: ¿resulta independiente un miembro de la CIAF nombrado a propuesta del Ministerio? ¿Resulta independiente un miembro de la CIAF que, para renunciar a su cargo necesita de la aceptación del Ministro? ¿Resulta independiente un miembro de la CIAF que ha estado prestando servicios prácticamente toda su vida para ADIF, el Ministerio de Fomento o RENFE?».

En el marco de su recurso, la asociación ha recordado que la Agencia Ferroviara para la Comisión Europea emitió un informe en el que concluyó que «la composición del equipo de investigación de la CIAF no aseguró la independencia de la investigación».

«Europa lo ha dejado muy claro: la investigación que se hizo no era independiente, porque quien formaba parte del equipo investigador era gente de Renfe, Adif y del Ministerio de Fomento y, sobre todo, no se analizan las causas raíz», ha señalado Domínguez a las puertas del Supremo.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

Al hilo, además, las víctimas han incidido en que el TSJ madrileño «parece entender que lo que hizo la CIAF fue inadmitir la petición» que hicieron desde la plataforma, pero ha insistido en que lo que hizo la Administración fue desestimar la solicitud «por silencio administrativo».

A su juicio, los magistrados del TSJ debieron haber entrado a dilucidar si la desestimación presunta por silencio administrativo negativo o la desestimación expresa de la resolución administrativa era ajustada a Derecho o no. Esta labor se la dejan ahora a los magistrados del Supremo.

Domínguez ha asegurado a los medios que «se tiene que analizar bien lo que ocurrió para que no vuelva a suceder y tomar medidas». «No queremos que quede en la historia un documento oficial del Gobierno diciendo que la culpa fue del maquinista, el último eslabón de una cadena de negligencia y errores», ha señalado.

Según ha dicho, un informe independiente conllevaría una comisión de investigación parlamentaria que les permitiría depurar responsabilidades políticas.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la asociación ha adelantado que en caso de que no prospere el recurso ante el Alto Tribunal acudirían al Tribunal Constitucional y posteriormente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ha subrayado, sin embargo, que tienen «la esperanza» de que el Tribunal Supremo les dé la razón.