Los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia, BNG y PSdeG, han demandado de nuevo este jueves en comisión parlamentaria datos de inspecciones de una residencia de mayores en el municipio de Pazos de Borbén (Pontevedra) tras irregularidades detectadas, mientras que el PP ha justificado que no pueda trasladarlos la Xunta porque «ley no permite facilitar información de un expediente mientras se está tramitando».

Así lo han manifestado en el marco de sendas proposiciones no de ley presentadas por el BNG y el PSdeG en la Comisión 5ª, ambas rechazadas con los votos mayoritarios del PP, en la que la portavoz del Bloque en el debate, Olalla Rodil, reprochó de nuevo que la conselleira de Política Social, Fabiola García, este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico no les facilitase los datos que pedían.

«No es la primera vez que se detectan incumplimientos», ha afirmado Rodil en relación con la residencia Mi Casa de Pazos de Borbén. Así, ha recordado que, tras una actuación de la Guardia Civil con la correspondiente denuncia, en 2017 se detectó que había «cinco personas más que las plazas autorizadas», que fueron halladas, junto a una auxiliar, en una inspección de la Benemérita «ocultas en un galpón» bajo «llave».

Al respecto, la parlamentaria del Bloque ha detallado que una par de estas personas vivían en una habitación de personas residentes y «otras dos en habitaciones de enfermería solo autorizada para una persona».

Por ello, el BNG reclama que «se remita a la Cámara la copia de las actas de inspección de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y copia de los expedientes que se incoaron por irregularidades en ese periodo». De este modo, ha incidido en exigir «acceso a la información, que debe ser pública» para «saber qué sucede en las residencias de mayores de este país».

En esta línea, por parte del PSdeG, Marina Ortega ha lamentado que no haya acuerdo parlamentario de los tres grupos y ha recordado que todos estuvieron «escandalizados» con lo sucedido en Mi Casa en Pazos de Borbén al ver «imágenes que causaron estupor y la conselleira no dio explicación en el pleno». «El modelo de atención residencial en Galicia no va bien. No se entiende», ha criticado.

Por ello, se ha preguntado «¿qué oculta el Gobierno gallego?». «En la pandemia pedimos los datos desglosados de las residencias y nada», ha recordado, para reprobar que en un «asunto de tal gravedad» como el de Mi Casa de Pazos de Borbén «no aporte la información». «Espero que el Gobierno gallego recapacite», ha apostillado, para reivindicar que «el sector cuidados tiene que ser clave».

En este sentido, ha comentado que «el fracaso del sistema de residencias» si «no rectifica» lo «pagan los usuarios de las residencias». «Pedimos un informe detallado de las deficiencias en Mi Casa de Pazos de Borbén», ha señalado la socialista en relación a otra PNL, acumulada con la anterior en el debate y rechazada también con los votos mayoritarios del PP.

CORREGIR ERRORES

Frente a las demandas de BNG y PSdeG, el diputado del PP José Alberto Pazos Couñago, portavoz en este debate en comisión, reprochó las acusaciones de «abandonar a los mayores». «Se puede discrepar del modo de gestión, pero no hacer un juicio y acusar», ha lamentado.

Sobre las inspecciones desde 2017 realizadas en la citada residencia, el diputado popular ha explicado que en ese año «se detectó sobreocupación y fue sancionada» la residencia. Así, ha defendido actuar «con rigor, sin alarmismo».

Justificó el rechazo de las dos PNL relativas a esta residencia porque «la ley no permite facilitar información de un expediente mientras se está tramitando para proteger la labor inspectora». «No dar datos es una obligación legal», ha abundado, para admitir que los grupos «tienen todo el derecho a la información, pero con las máximas garantías en el proceso de inspección». «Son obligaciones legales», ha esgrimido.

Después de rechazar, «alarmismos injustificados», el parlamentario popular ha asegurado que la Xunta «avanza en el incremento de servicios de inspecciones». «Reconocemos errores y ponemos recursos para corregirlos con rigor», ha defendido, para asegurar que van a «perseguir cada incumplimiento que se detecte». Con todo, ha apelado a la «prudencia», para concluir que los grupos «tienen todo el derecho a pedir fiscalización». «Se va a actuar y sancionar con toda dureza y se dará cuenta de esos cuando lo permita la legislación», ha sentenciado.

CINCO AÑOS

Para finalizar, la diputada del BNG portavoz en el debate ha insistido en que lo que reclaman son los «expedientes de los últimos cinco años», desde 2017, «no el reciente». Así, ha asegurado que cuando piden las actas de inspección y sanciones «la respuesta es siempre la misma: que no». Rodil considera «escandaloso» que «no expliquen los incumplimientos» de esa residencia entre 2017 y 2021.

Por parte del PSdeG, Marina Ortega ha aclarado que «no es un ataque», sino que piden «información» sobre «algo injustificado». Por ello, tacha de «desprecio» a los grupos y a la ciudadanía que la Xunta no facilite los documentos solicitados.

«Nos gustaría saber los cambios en el nuevo modelo residencial», ha afirmado la diputada socialista. «Pedimos un incremento de equipos de inspección para no sobrecargas a los funcionarios», ha abundado, para preguntar, «si todo va bien, ¿por qué no dan la información?».