Familiares de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’, hundido el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), continúan pidiendo «respuestas» cuando han transcurrido ya casi tres meses de la tragedia.

Así, este viernes se reunirán ante las puertas de la Delegación del Gobierno en A Coruña para leer un manifiesto porque, a su juicio, todavía quedan muchos temas «sin resolver».

Entre estos temas, volverán a pedir que se baje al barco para buscar «respuestas» de lo que pudo haber ocurrido. Además, este mismo miércoles se conoció que solicitarán al Juzgado de Marín y a la Audiencia Nacional medidas cautelares contra el patrón del barco, Juan Padín, para que no pueda volver a embarcarse en otro buque, tras los rumores de que pronto comenzará a trabajar de nuevo.

Los familiares han indicado que será este viernes, a las 12,00 horas, y no el domingo, 15 de mayo, cuando se concentren en A Coruña porque, pese a que todos los días «son duros», las fechas señaladas lo son todavía más.

Todo ello pese a que todavía se desconoce qué juzgado investigará la causa, después de que la Audiencia Nacional acordase la inhibición a Marín del caso porque, según su criterio, los posibles hechos delictivos se cometieron en un buque español, que debe equipararse al territorio nacional e investigarse en la localidad donde radica el puerto base del ‘Villa de Pitanxo’.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Marín rechazó la inhibición al no considerarse el «órgano territorialmente competente» para conocer de la instrucción del procedimiento porque los supuestos delitos fueron cometidos en aguas internacionales.

INDICIOS DE 21 HOMICIDIOS IMPRUDENTES

Sobre los delitos a investigar, según el auto de la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ve indicios que permitirían imputar «al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores».

La Audiencia Nacional puso en «duda» la versión ofrecida por Juan Padín, el patrón del pesquero, indicando que la velocidad del buque a las horas de la tragedia «suscita dudas» sobre la declaración del capitán acerca de la parada de los motores por avería como causa determinante de la escora y posterior hundimiento del barco.

Todo ello después de que Padín, uno de los tres supervivientes, asegurase que sobre las 04,00 horas de la madrugada se habría parado el motor del barco, lo que dadas las condiciones meteorológicas existentes en ese momento determinó la sucesiva entrada de agua por la aleta de babor, ocasionando una cada vez mayor escora.

Vista la situación, según el declarante, dio a la tripulación la señal de abandono del buque previa colocación del traje de supervivencia y chaleco salvavidas. «Ya con todo colocado nos disponemos al arriado de la balsa de babor», añade el capitán, que deja encargado al primer oficial, por cuanto él se dirige a arriar la balsa de estribor, lo que consigue y embarca la tripulación. Eduardo Rial, sobrino del patrón y otro de los supervivientes, ofreció una declaración similar a la de su tío.

Samuel Kwesi, el tercer superviviente a la tragedia, explicó en un primer momento que al pararse el motor el barco quedó a la merced de las olas, lo que, unido al peso del aparejo, hizo que entrara mucha agua y se escorara hacia babor. Entonces oyó al capitán ordenar que subieran al puente, lo que hizo sin el traje de supervivencia al no darle tiempo.

Sin embargo, en una posterior declaración, dio una versión «absolutamente distinta» de los hechos. Él señaló que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora.

Por ello, le gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero este se negó. Después, con el buque muy ladeado, se paró el motor y se incrementó la escora de babor. Samuel subrayó que en ningún momento el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia aunque él y su sobrino sí los llevaban, lo que le sorprendió.

CAMBIO DE VERSIÓN

Preguntado por el cambio de versión, manifestó que la primera declaración fue obtenida «bajo presión» inducida tanto por el capitán como por el armador (al que no identifica).

«Analizadas las actuaciones, comprobamos cómo existen indicios de que la versión primeramente ofrecida puede no ajustarse a la realidad, tratando con ello de eludir las posibles responsabilidades», aseguró en el auto la Audiencia Nacional.

El documento explica que el capitán declaró que los componentes de la tripulación se pusieron los equipos de salvamento, mientras que Samuel dice que no. «Este hecho queda corroborado con la realidad de que ni el citado marinero ni ninguno de los cadáveres recuperados tenía el equipamiento de seguridad puesto», destaca la Audiencia Nacional.

Por todo ello, de un análisis somero de los hechos, el juez induce que «se concitan elementos indiciarios» que permitirían imputar «al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores».

PETICIÓN DE LAS FAMILIAS

Ante todo esto, las familias de los 21 fallecidos llevan meses luchando para que se investigue lo ocurrido, incidiendo en que respetan la «presunción de inocencia» de Padín, pero insistiendo en que bajar al barco podría ayudar a encontrar las causas de lo ocurrido.

No obstante, el Gobierno, pese a comprometerse a buscar todas las alternativas posibles, finalmente les informó de que ninguna de las posibilidades permitiría rescatar los cuerpos sin vida de los 12 fallecidos que todavía no han sido hallados. Por este motivo, no se acometerá ninguna acción de bajar al barco.

Esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha contentado a las familias, que insisten en que grabar la situación actual del pecio permitiría conocer algunos aspectos de lo que pudo haber pasado en la trágica madrugada del 15 de febrero. Este viernes volverán a solicitar bajar al barco hundido.