El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha concluido la investigación sobre un supuesto grupo criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, algunas de ellas menores de edad, las cuales procedían de Paraguay en su mayoría.

La instructora ha ordenado que se continúe la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados son constitutivos de un presunto delito de organización criminal, cuya finalidad es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y de otro presunto delito de tráfico de drogas.

El grupo criminal, según figura en el auto difundido parcialmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), recogido por Europa Press, se organizaba en una estructura jerárquica, en la que se sitúa en la cúspide una mujer, su hija y la pareja de esta última. Por debajo, las personas que controlaban a las víctimas de trata en los pisos (dos encargadas en sendos pisos y una tercera que rota) alquilados para explotarlas. Además, hay una tercera persona que también, según el auto, llegó a ocupar el lugar más alto jerárquico, que suministraba drogas y ayudaba con los alojamientos y proporcionaba el dinero para costear los viajes de las mujeres.

En el auto, la instructora relata que las víctimas, «debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encontrarían en su país y ante la promesa de trabajos bien remunerados», eran trasladadas desde Paraguay hasta Santiago de Compostela, donde eran obligadas a ejercer la prostitución en pisos, los cuales la organización tenía alquilados «únicamente con esta finalidad».

CONTROLADAS Y PRIVADAS DE LIBRE CIRCULACIÓN

En esas viviendas, «eran controladas, privadas de su libre circulación y obligadas a prostituirse, sin voluntad para elegir a los clientes y los servicios a realizar». Además, en ocasiones, eran «obligadas a consumir las sustancias estupefacientes que los miembros del grupo les proporcionaban, tanto a ellas como a los clientes».

En la resolución, la jueza señala que las afectadas no podían abandonar los pisos hasta que hubiesen saldado la deuda que supuestamente habían adquirido al viajar a España, la cual ascendía a alrededor de 3.000 euros, en concepto de billete de avión e intereses generados.

La jueza ha ordenado dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.