Galicia apremia al Gobierno central a aplicar exenciones en el pago de cuotas de la Seguridad Social de la flota pesquera, así como a bajar de modo generalizado el IVA de combustibles al tipo reducido o superreducido. Además, se reclaman ayudas de mínimis, de en torno a 100.000 euros por buque, y que sean compatibles con la línea de apoyos por la covid.

Así lo ha expuesto la conselleira do Mar, Rosa Quintana, tras un encuentro en Santiago con el sector pesquero, en donde han coincidido en que las medidas expuestas el martes por la Secretaría General de Pesca «no son suficientes».

De este modo, Quintana solicita al ministro de Pesca, Luis Planas, una conferencia sectorial «urgentísima», pues «tiene que llevar a Bruselas» la petición de activar ayudas como se hizo con el coronavirus, que se puede aplicar con el fondo FEMP en vigor. Cree que esas medidas supondrían «un respiro y tranquilidad» para el sector.

También apela a prorrogar créditos ICO a empresas que lo hayan solicitado. Paralelamente, la conselleira indica que se «está analizando» la exención de tasas portuarias, si bien implicaría una modificación legislativa y «no sería de aplicación inmediata».

La conselleira do Mar recuerda que este es un sector «esencial», que sale a trabajar con precios de gasóleo «excesivamente altos» y en un contexto de huelga de transporte con la que no se puede enviar productos a centros de consumo.

«Los ministerios tienen que ser conscientes de que estamos en una situación muy complicada para la sociedad», afirma. Razona que las exenciones de las cuotas a la Seguridad Social «saldrían tres o cuatro veces más barato que lo que podría costar pagar el paro a la gente» por no poder faenar la flota.

AMARRE Y HUELGA DE TRANSPORTE

El presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, señala que tienen implementarse esas exenciones y ayudas «directas» porque la flota «no puede resistir más» y «cada día paran más embarcaciones».

A esto se suma la problemática por la huelga de transporte, ya que «los pocos barcos que están saliendo a faenar y tienen que vender sus productos no se puede mover», que «son esenciales para la alimentación».

Sobre el amarre que estaba previsto iniciar a partir del 21 de marzo si no había medidas urgentes, el pasado martes el presidente de la cofradías española, Basilio Otero, hizo un llamamiento a esperar a una reunión la próxima semana con el ministro de Pesca, Luis Planas, antes de decidir sobre si realiza esa huelga. A este respecto, Pérez Sieira indica que deben hablar con Otero los pasos a seguir, puesto que ese paro sería para «toda España».

Por su parte, el presidente de los armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha relatado que ha hablado con la Delegación del Gobierno para que se dé protección y se garantice que el producto «de primera necesidad» llege a Mercamadrid y Mercabarna, así como plataformas logísticas.

Touza asegura que están «muy preocupados». Pone el ejemplo de 24 cerqueros parados en Vigo que tenían que estar pescando jurel, pero no pueden salir ante los precios «disparatados» del gasoil. La huelga de transporte puede «acelerar el proceso» de que barcos de altura en Gran Sol puedan decidir parar, ya que si se trae el producto, pero no se puede vender al resto de España, «el problema se agrava» para un producto perecedero.

Además, Touza también reclama una flexibilidad para pasar cuotas de un año para otro al estar «abocados» a paros temporales en la flota. Explica que se vive «mucho nerviosismo» entre los armadores porque «dudan» si vale la pena mandar la gente al mar.