El BNG ha censurado este miércoles en el Parlamento de Galicia la gestión medioambiental de la Xunta en la comarca ourensana de A Limia, afectada por altos niveles de nitratos y que no cuenta con zonas declaradas vulnerables a este respecto. Según ha esgrimido el Gobierno autonómico, para ello «se necesita previamente» la declaración de masas de agua afectadas, «de competencia estatal».

En una interpelación al Gobierno, el nacionalista Xosé Luis Rivas, ha afeado a la Administración autonómica «ser consciente en todo momento de la situación», dado que «el BNG ya registró varias iniciativas para reclamar al Gobierno autonómico medidas que frenen una futura declaración de ‘Zona vulnerable’ por parte de Europa.

En este sentido, ha explicado que, desde 2017, diversos colectivos ecologistas y sociales han venido denunciando la contaminación de aguas y tierras en A Limia provocada por el estiércol y purines de las granjas de aves y cerdos.

Estas denuncias, recuerdan, fueron abordadas en la Comisión de Agricultura del Parlamento, ante las cuales, la Xunta creó la Mesa de A Limia «con el fin de elaborar un diagnóstico de la situación». «Tras las conclusiones, el Gobierno anunció la puesta en marcha de diversos proyectos que finalmente no llegaron a realizarse», ha criticado el diputado.

«En este momento pende sobre la comarca de A Limia una posible declaración de vulnerabilidad por parte del Tribunal de Justicia de Europa tras una denuncia de la Comisión europea», ha remarcado el nacionalista. Con esto, ha explicado, los productos generados por la agricultura y ganadería de A Limia «corren un grave riesgo, ya que no disfrutarán de la excelencia por la que son conocidos».

Para los nacionalistas esto se debe al «abandono» y «desidia» de las políticas del PP, «que no deja de echar balones fuera y dejar correr el tiempo».

«GESTIÓN SOSTENIBLE»

Por su parte, el conselleiro de Medio Rural, José González, que ha respondido por parte de la Administración autonómica, ha defendido la gestión sostenible de la actividad agroganadera en toda Galicia por parte de la Xunta.

González ha explicado que si Galicia no tiene declaradas zonas vulnerables por contaminación por nitratos «es debido a que previamente es necesaria la declaración de masas de agua afectadas, que en el caso de A Limia corresponde al organismo de cuenca adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico» –es decir, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil–.

Pese a esto, González ha aseverado que la Xunta «está preparada» para cumplir cualquier obligación y requisito de sostenibilidad «en cuanto a gestión de los residuos ganaderos». A este respecto, ha detallado algunas de las actuaciones impulsadas por el Gobierno gallego.

Entre ellas, la puesta en marcha de la Mesa da Limia y del Plan Estratéxico para la zona, «en el que se trabaja para poner en valor la producción agropecuaria bajo un enfoque verdaderamente sostenible».

González ha recordado también la constitución de la comisióninterdepartamental conformada en el pasado mes de junio por representantes de las Administraciones central y autonómica, «para buscar soluciones que minimicen el impacto ambiental de la actividad agroganadera en la comarca».

«Se ha alcanzado un consenso sobre los cambios legislativos necesarios y se han establecido medidas concretas dentro del mencionado Plan estratégico», ha explicado el conselleiro. Entre ellas, la potenciación de la ganadería en extensivo a través del incremento de la base territorial de las explotaciones por medio de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

También los avances en el Plan de pastos, «que también incide en eseaumento de la base territorial y, por lo tanto, en una optimización de la gestión de las granjas». Otra actuación se centra en el proyecto de ley del sistema integrado para la gestión de residuos ganaderos que «estaría resuelto de haber adelantado el Gobierno central su Real Decreto», por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, ha remarcado González.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

«Mientras tanto», ha indicado, el Gobierno autonómico ha diseñado un proyecto «muy serio» para la gestión conjunta de los purines de esta comarca «y de Galicia en general». «Un proyecto presentado a losfondos Next Generation y respecto del que aún no tenemos ninguna respuesta por parte del Gobierno central», ha lamentado.

También a este respecto el conselleiro ha recordado que el pasado lunes, en el Consejo consultivo, le trasladó al ministro de Agricultura, Luis Planas, «que la principal necesidad de los ganaderosgallegos, además de hacer frente a la prohibición de la venta a pérdidas, es resolver la problemática de la gestión de los purines».

Además, afeó al Ejecutivo estatal «que ni sus convocatorias de ayudas ni el Perte agroalimentario afronten soluciones para estacuestión, que era uno de los asuntos esenciales que deberían resolver los fondos Next Generation».

Por último, y respecto a la gestión del Gobierno central, José González ha insistido en la necesidad de «importantes inversiones» que «favorezcan» la actividad agroganadera en la comarca. «Unas inversionesque se han demandado por parte de la Consellería de Medio Rural al Gobierno central y que esperamos que sean respetados y que el Ministerio de Agricultura cumpla con sus compromisos», ha comentado.

ACCIONES AUTONÓMICAS

Por otro lado, el responsable autonómico ha abordado la modernización del regadío en la zona, que supondrá una inversión de 15,9 millones de euros por parte del Estado. «Una inversión que Galicia ha tenido que demandar tras un primer reparto de fondos que no dejaba ni un euro en Galicia ni en el resto de la cornisa cantábrica», ha aseverado el conselleiro.

Además, ha destacado que la Xunta tiene presupuestados cuatro millones de euros en 2022 para los pozos de ese regadío, para cuya ejecución «faltan los permisos correspondientes a las concesiones por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil».

Por último, el conselleiro ha destacado la inversión adicional comprometida por el Ejecutivo central para la limpieza de los canales y de los caminos paralelos, de 16 millones de euros.