El gobierno local de Lugo ha considerado que dos sentencias que anulan multas por incumplimientos de normativas asociadas al covid al entender que la Administración lucense es «manifiestamente incompetente» para ello evidencia que la Xunta se equivocó al delegar en los municipios la gestioón de las sanciones por las restricciones.

En un comunicado, el ejecutivo local que encabeza la regidora Lara Méndez señala que los fallos, el último del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lugo, «reafirman» la postura mantenida por el gobierno lugués «desde el primer momento en esta materia».

«Un aspecto que le trasladamos a la propai Xunta, ya en diciembre de 2020, cuando le remitimos el informe con las actas levantadas por la Policía Local hasta ese momento por infracciones a la Ley gallega de Salud, advirtiéndole que pese a estar habilitado un dispositivo para tramitarlas, no concordábamos con el dictamen emitido por el Consello Consultivo, al entender que la titularidad era autonómica, como así lo entendía también la asesoría jurídica muncipal», ha señalado el teniente de alcaldesa, Miguel Fernández.

Así las cosas, el gobierno municipal de la capital luguesa incide en que la sentencia refleja que «la determinación de la Xunta no era más que una derivación indebida de funciones, una nueva muestra de su empeño por delegar en las administraciones locales cada vez más obligadas pero sin aportar ningún tipo de recurso».

El ayuntamiento lugués asegura que para hacer frente a la gestión administrativa de las multas por normativa covid se vio obligado a modificar hace un año el contrato en vigor «para incrementar el cometido de la empresa que presta colaboración en la gestión administrativa y recaudación de multas».

Cifran el coste de esta medida en 58.080 euros anuales, a razón de 40 euros por cada boletín o acta tramitada, y estiman en un millar las sanciones por incumplimientos entre junio de 2020 y febrero de 2021, momento en el que fue modificada la Ley gallega de Salud.

Aseguran que, de todas estas, sólo se han presentado «una docena de recursos». Para ellas, el gobierno lcoal entiende que la sentencia que anula las sanciones por ser expedida por una administración no competente (la local) sentará precedente; pero no así para el resto de multas.

«Atendiendo a este factor, el recorrido económico del dictamem será, por tanto, escaso si bien, no podemos olvidar que a los ayuntamientos actuar con responsabilidad y someternos a las consideraciones del Consello Consultivo nos ocasionará, además, tener que repercutirle a las arcas muncipales los gastos derivados de las costas procesuales», concluye Fernández.