El Parlamento gallego reclama al Gobierno que se reforme la ley de costas para que las titularidades de carácter comunitario como los montes vecinales puedan estar legalmente dentro de zona de dominio público marítimo-terrestre y de la línea de costa, sometidas en todo caso a los límites de uso que se consideren necesarios.
Esta propuesta del BNG ha salido adelante en la Comisión de Agricultura con el apoyo del PP y el rechazo del PSdeG. La iniciativa también demanda a la Xunta que promueva con «urgencia» medidas de apoyo y asesoramiento a las comunidades de montes vecinales afectadas por las notificaciones del Catastro en las que se notifica que los terrenos propiedad de las comunidades dentro de la demarcación marítimo-terrestre pasan a ser considerados de titularidad del Estado.
«Aunque en los escritos remitidos el Catastro concede un plazo de alegaciones, las resoluciones se están demostrando inamovibles, lo que equivale a una incautación o expropiación encubierta de estas tierras de propiedad colectiva que funcionan en beneficio de la comunidad», denuncia Albert.
Lamenta que este no es el primer conflicto que las comunidades de montes gallegas tienen con el Estado y señala que urge el reconocimiento en la legislación estatal de esta forma de propiedad que ha permitido el mantenimiento del territorio gallego a lo largo de siglos.
Explica que los montes vecinales no son ni titularidad pública ni privada, sino titularidades comunitarias que, al contrario de lo que ocurre en Portugal, no están plenamente reconocidas en el marco legal estatal, por lo que defiende la modificación del artículo 9 de la ley de costas, que establece que no podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo-terrestre.
Asimismo, la diputada nacionalista emplaza al Gobierno a tomar medidas en apoyo de las comunidades ante lo que califica de «expropiación encubierta» de terrenos en estos espacios.
OTRO ACUERDO
En esta comisión, también ha salido adelante una iniciativa que solicita al Gobierno central que apueste por reconocer y compensar las masas forestales gestionadas de forma sostenible de forma que se permita a sus propietarios que los créditos de carbono generados por las absorciones les aseguren ingresos complementarios, en compensación al beneficio que ofrece a la sociedad.
Esta proposición del PPdeG –transaccionada con el BNG– incluye reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con la recomendación de la Unión Europea y haga un cambio de criterio con la modificación del decreto que regula el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono para primar aquellos derivados de una gestión forestal sostenible.
La diputada popular Sandra Vázquez señala que los créditos de carbono suponen «una herramienta muy poderosa» y «abren un abanico de oportunidades para hacer de este ámbito una fuente de recursos suplementarios para los propietarios de los montes gallegos».