El pleno de la Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes por unanimidad el convenio de colaboración con la Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) para el funcionamiento de los Grupos Supramunicipales de Emergencias (GES) por un período de dos años.
El diputado de Economía y Hacienda, Carlos Font, ha explicado que el acuerdo mantendrá «las mismas condiciones económicas y territoriales» que el extinguido el pasado 31 de diciembre. Una vez garantizada la continuidad del servicio, las diputaciones de Pontevedra, A Coruña y Lugo negociarán con la Xunta para alcanzar un nuevo modelo de convenio.
Pese a votar a favor del acuerdo, el grupo provincial del Partido Popular ha lamentado que la Diputación de Pontevedra «renuncie a mejorar las emergencias de la provincia» y que «bloquee todas las propuestas» hechas por el Gobierno gallego para «mejorar la atención, la calidad del servicio y el tiempo de respuesta».
Carlos López Font ha indicado que los GES fueron creados por la Xunta de Galicia en 2013 como fórmula para reforzar el sistema de emergencias. A partir de entonces se fueron introduciendo cambios en las cargas económicas de cada parte. Así, según ha detallado Font, la aportación de las diputaciones pasó del 20% del coste total del sistema al 40%, mientras la Xunta reducía su parte del 60% del total al 52%.
En paralelo, la Diputación de Pontevedra asumió también la cofinanciación de los Grupos de Emergencias Municipales (no incluidos en el sistema GES) de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes «y que, en ningún caso, serían de competencia provincial». Son los casos de A Estrada, Lalín, Ponteareas y ahora, con la última ampliación propuesta por la Xunta, Redondela.
El diputado socialista ha replicado a los populares asegurando que «la realidad es que, una vez más, la Xunta invita y el mundo local paga, y, ahora lo volvieron a intentar».
Según ha recalcado Font, «el Gobierno gallego incumple, una vez más, la obligación legal de transferir los recursos necesarios cada vez que legisla para derivar competencias autonómicas, como las emergencias, a la Administración local».
También ha afirmado que, de no haberse frenado desde las diputaciones las condiciones que la Xunta intentó imponer el pasado mes de diciembre, la Diputación de Pontevedra habría pasado de los 266.666 euros recogidos en el primer convenio GES a 1.426.000 euros (un 434% más sobre la cifra inicial).
«VOLUNTAD POLÍTICA»
Sin embargo, Cubela ha sostenido que «es cuestión de voluntad política del PSOE y BNG, porque la institución provincial tiene capacidad económica para incorporar mejoras».
El portavoz del PP, también ha apuntado que «la competencia en emergencias es de la Diputación, el rechazo a mejorar, también del Gobierno provincial, pero los perjudicados de esta decisión son los ayuntamientos y la ciudadanía».
Finalmente, Carlos Font ha llamado la atención sobre las condiciones laborales del personal de los GES, una cuestión que está derivando en sucesivas sentencias judiciales y que ya provocó que varios ayuntamientos renunciasen a su base.
