La Asociación de Profesionales de los Centros de Información a las Mujeres (CIM) –Asocim– reclama una mejora en las condiciones laborales del personal y una gestión de los fondos

Con motivo de la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Asocim ha querido recalcar la importancia de este tipo de centros para las víctimas. «Los CIM constituyen un espacio de referencia, profesional y próximo, en el que se ofrece un asesoramiento y acompañamiento especializado y multidisciplinar, desde el que prestar ayuda psicológica, orientación judicial y laboral», ha señalado

Además, Asocim recuerda que se trata de un servicio «declarado esencial por el Real Decreto-ley 12/2020 del 31 de marzo», en la pandemia, y de gran importancia a la «hora de atender a las mujeres víctimas de violencia de género y trabajar en la prevención y sensibilización sobre esta problemática social».

Debido al valor social de este servicio, desde Asocim reclaman mejoras en sus condiciones laborales. «Detectamos que en algunos CIM los contratos de los profesionales que están a tiempo parcial no llegan ni a las diez horas mínimas exigidas y no se cumple con la obligatoriedad de sustituir las técnicas de baja laboral, perjudicando por completo la atención urgente y necesaria de las usuarias», han denunciado.

Además, debido a su «compromiso profesional», los técnicos se ven obligados a sumar más horas a su horario de trabajo. Esto provoca una situación que «urge solucionar», tal y como expone la presidenta de Asocim, Montserrat González. «Los cuadros de personal tan y como están no sobreviven. No se puede atender a la gente menoscabando la salud de las técnicas», sostiene.

Asocim también denuncia que el 73% de los CIM no están reflejados correctamente en las relaciones de puestos de trabajo. Se encuadran a los centros en otras áreas, algo que le quita visibilidad a los CIM como servicio atendido por profesionales expertos en igualdad.

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

Las trabajadoras de los CIM también reclaman un uso de los fondos por parte de todas las administraciones implicadas «con responsabilidad». En este sentido, recuerdan que dos tercios de las partidas de 525 millones del Ministerio de Igualdad para la puesta en marcha de leyes, planes y políticas de igualdad de los organismos de igualdad y contra la violencia género en las comunidades.

Para la asociación, las transferencias del Ministerio a las comunidades deben considerarse programas plurianuales, con indicadores que permitan medir y evaluar el resultado de las acciones que se llevan a cabo. Además, reclama que el personal sea estable y que la Seguridad Social incluya en todas sus estadísticas sobre las personas beneficiarias de prestaciones la división por sexos.