La Fiscalía pide 35 años de cárcel y el pago de una multa de 13 millones de euros para Ángel Martínez Pérez, Lito, conocido como ‘el rey de las orquestas en Galicia’, al que se juzgará este miércoles en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra como acusado de varios delitos fiscales.
Precisamente, el abogado de Martínez Pérez, Carlos Seoane, ha explicado a Europa Press que su cliente fue incapacitado por la vía civil y se está a la espera de un informe forense sobre su estado de salud que podría determinar la celebración del juicio previsto para este miércoles.
Recientemente, el pasado mes de junio, el conocido como ‘el rey de las orquestas en Galicia’ ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a dos años y tres meses de cárcel por no declarar 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012, cuando la compañía que presidía tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones.
Mientras, el juicio previsto para la próxima semana se enmarca en un nuevo procedimiento relacionado con el pago de impuestos por parte de ‘Lito’ como particular.
En cuanto a esta nueva causa, el Ministerio Público recoge en su escrito de acusación que el procesado «es el artífice y el responsable de la creación» de un conjunto de empresas «con una facturación anual aproximada de 25 millones de euros que opera en el sector de las actividades de producción musical y de representación artística». Así, explica que, la diferencia entre las cantidades facturadas y declaradas entre 2009 y 2012 se situó en torno a los 92 millones de euros.
Además, señala que los datos de superávit o déficit por años de las orquestas propias y participadas, «se calcularon por las diferencias entre ingresos y pagos», «computándose como pagos las inversiones». Así, resalta que «los superávits resultan de la diferencia positiva entre ingresos y pagos atribuidos a la orquesta».
La Fiscalía remarca que ‘Lito’ obtuvo entre 2009 y 2012 «importantes rendimientos de la actividad empresarial de la producción musical» de forma directa o «a través de su participación en otras orquestas que no son del investigado en su totalidad». En este sentido, destaca que «estos beneficios o rendimientos se allegaron al titular o partícipe bien a través del reparto de beneficios o de utilidades de las empresas» del grupo empresarial o «a través de las llamadas cajas extracontables tales como la Caja B o bien por medio de los ingresos en efectivos de cantidades en las cuentas bancarias personales del investigado».
En este sentido, ve «evidente» que las rentas o las utilidades obtenidas por el procesado entre 2009 y 2012 «tienen su origen en los rendimientos de la actividad empresarial y se materializan en los déficits o en los superávits de las orquestas propias y en los déficits o superávits de las orquestas participadas».
INGRESOS NO EFECTUADOS
Asimismo, afirma que el procesado «no efectuó ingresos por el concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)» por valor de 1,9 millones de euros entre 2009 y 2012. Mientras, cifra la cantidad no abonada por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por los rendimientos de las actividades económicas de las orquestas de su propiedad exclusiva entre 2010 y 2012 en 1,8 millones de euros.
Adicionalmente, señala que la cantidad no ingresada por ‘el rey de las orquestas’ en la Hacienda Pública Estatal en el concepto de las Retenciones a Cuenta del IRPF por los rendimientos de trabajo personal y de actividades profesionales entre 2010 y 2012 ascendió a casi 636.000 euros.
DELITOS Y PETICIÓN DE PENAS
La Fiscalía considera al acusado autor de diez delitos fiscales, entre ellos dos delitos agravados contra la Hacienda Pública dado el valor de la defraudación, superior a 600.000 euros en ambos casos. Estos delitos se refieren cuotas tributarias defraudadas entre 2009 y 2012 en el IRPF, el IVA y el concepto fiscal de Retenciones sobre los Rendimientos del Trabajo Personal y de las Actividades Profesionales.
Por ello, pide que Martínez Pérez sea condenado a penas que sumas 35 años de prisión y el abono de una multa de 13 millones de euros, así como a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de 34 años.
