El proceso judicial por la sobreventa de billetes de barco a las Islas Cíes en agosto de 2017 se ha saldado este jueves con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la única naviera acusada, Nabia, con la imposición de multas a la empresa y a su gerente, María Jesús O.A. por valor de 7.480 euros.
Así se ha ratificado en la vista de conformidad celebrada en el juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, en el que las acusadas han aceptado penas de prisión que han sido sustituidas por multas, por la comisión de cuatro delitos de falsedad en documento oficial, en concurso con cuatro delitos leves de estafa.
En la sentencia, que ha sido dictada en sala y ya es firme, se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada desde el 1 de marzo al 29 de noviembre de 2019, y desde el 16 de febrero al 16 de junio de 2020. En el caso de la gerente de la naviera, las penas de multa impuestas suman 6.480 euros, mientras que la naviera deberá pagar 1.000 euros de multa.
Según el relato de los hechos que hace la Fiscalía, y que las acusadas han aceptado, a lo largo de 2017 «y con el fin de obtener un beneficio económico de carácter ilícito», esta naviera vendió varios billetes a pasajeros particulares en los que figuraba un código QR (como el emitido por la aplicación del Parque Nacional para individualizar cada billete) que era mendaz, con el fin de «facilitar el transporte de más pasajeros que los autorizados».
Así, el ministerio público relata que esas ventas se produjeron en diferentes días, entre junio y agosto de 2017, y señala que la empresa fue objeto de apertura de expediente disciplinario por parte de la Xunta.
El escándalo de la sobreventa de billetes saltó a la luz pública cuando, el 20 de agosto de 2017, las fuerzas de seguridad impidieron el desembarco en Cíes de cientos de pasajeros que tenían sus billetes, al constatarse que se había superado el cupo.
La Xunta, como administración encargada de la gestión del Parque Nacional Illas Atlánticas, abrió una investigación administrativa (y modificó el sistema de emisión y control de billetes) que se saldó con expediente sancionador y que sumaba casi un millón de euros en multas para cuatro navieras.
Paralelamente, se desarrolló una investigación penal en cuyo transcurso se archivó la causa con respecto a tres de las navieras, mientras que la cuarta ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.