La Xunta de Galicia ha asegurado que los servicios de inspección investigan todas las irregularidades detectadas en residencias de mayores, «siempre y sin excepción».

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una interpelación planteada por el BNG, ha defendido el funcionamiento de las inspecciones, a lo que ha añadido además que, siempre que se detecta una actuación irregular, se inicia un proceso sancionador.

«Los incumplimientos se persiguen y se castigan», ha aseverado la conselleira, que ha destacado que durante este año ya se han realizado 400 inspecciones y se han iniciado 58 expedientes sancionadores.

El BNG, por su parte, ha insistido en la vulneración de derechos fundamentales, para lo que se ha amparado en el informe de inspección de 2019, donde se señala que en el centro examinado «había más residentes que número de plazas autorizadas, se incumplían ratios de personal y se aplicaban medidas de sujeción mecánica sin consentimiento ni prescripción sanitaria».

Respecto a la sanción, los nacionalistas han afeado que la Xunta haya «premiado» al grupo sancionado con un nuevo contrato «de varios años y de varios millones de euros».

Sobre las sujeciones, la responsable de Política Social ha reconocido que «las medidas de contención deben ser siempre el último recurso» y ha asegurado que las infracciones son «absolutamente marginales».

«Limitar a lo mínimo posible las sujeciones es vital para asegurar el bienestar que deben sentir los usuarios en los centros, que son sus hogares», ha recalcado Fabiola García.

NUEVO MODELO DE RESIDENCIAS

En este sentido, Fabiola García ha avanzado que el nuevo modelo de residencias que ultima el Comité asesor sociosanitario establece que todos los centros de mayores de Galicia estarán «obligados a reducir las sujeciones al mínimo posible».

La conselleira ha explicado que para limitar el uso de medidas de contención «se hará un esfuerzo importante» en tres ámbitos: en la formación del personal; en la adaptación de espacios para hacerlos más accesibles; y en el uso de nuevas tecnologías, para la detección de caídas u otras incidencias.

Fabiola García ha insistido en que las medidas de fijación tienen que usarse siempre «de manera temporal y en todos los casos con la finalidad de evitar un mal mayor». Asimismo, ha recordado que el Protocolo de la inspección establece como requisitos para su aplicación contar con una prescripción médica y con un consentimiento informado.