El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, mantiene que «en el momento actual, el umbral del primer trimestre del año 2022» le «sigue pareciendo realista» para celebrar el juicio por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en la parroquia compostelana de Angrois, un siniestro que dejó 80 fallecidos y más de 140 heridos.

«En el momento actual, el umbral del primer trimestre del año 2022 me sigue pareciendo realista, si bien deba significar que, por la cantidad de partes personadas, el juicio no se podrá celebrar en la sede de los juzgados de Santiago, debiendo celebrarse fuera, para lo que deberemos localizar una sede digna, cómoda y que tenga el espacio suficiente para el desarrollo de las sesiones cualquiera que sea el número de asistentes», apunta Díaz-Castroverde a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, cuyo presidente, Jesús Domínguez, se había puesto en contacto previamente a través de una misiva para mostrar la preocupación de las víctimas por las posibles dilaciones.

En esa misiva, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la plataforma recuerda que el presidente del TSXG reconocía que los juzgados gallegos tenían un «problema estructural» y señala que a lo largo del proceso se han visto como se «acumularon retrasos y errores», junto con un cambio de juez y de fiscal, «la ocultación y demora» de documentos por parte de Renfe y Adif, peritos «impuestos» por la Xunta «sin experiencia ferroviaria que demoraban y plagiaban otros informes» o «pésima calidad de las grabaciones en el juzgado», entre otras cuestiones.

Las víctimas también recuerdan en la carta que «después de mucho insistir» en julio de 2017 «lograron» que el juez instructor «formulara varias preguntas claves» a la Agencia Ferroviaria Europea, que «para asombro» de la plataforma, «no llegaron hasta marzo de 2018» porque la dirección postal a la que se habían enviado estaba equivocada y tuvieron que ser las partes las que advirtiesen el fallo.

En la carta, la plataforma tampoco pasa por alto la designación de peritos. «Como jurista de prestigio que es, imaginamos que le causará extrañeza que el poder ejecutivo sea quien nombre a los peritos judiciales, lo que claramente va en contra de la separación de poderes y la independencia judicial», apuntan.

«LA JUSTICIA LENTA NO ES JUSTICIA»

Las víctimas subrayan las palabras de Díaz-Castroverde en una entrevista para hacer suya la expresión de que «una justicia lenta no es justicia». «Las víctimas y familiares lo sabemos muy bien y, desgraciadamente, algunas de estas personas han fallecido estos años. Para ellos ya nunca habrá justicia y lamentablemente ya nada se puede hacer», advierten.

Es por ello que la plataforma pide al TSXG que «ponga todo el esfuerzo y medios técnicos y humanos necesarios» para «garantizar» que el juicio comience en el primer trimestre de 2022, como él mismo indicó en la mencionada entrevista. «Confiamos en usted y quedamos a la espera de que nos confirme el inicio del juicio», señala, con un agradecimiento al respecto anticipado.

«REALISTA»

En su contestación, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, el presidente del TSXG, que agradece la carta y la confianza depositada, señala que si bien ocho años desde que ocurrió el accidente «es mucho tiempo», añade que «también hay que asumir las circunstancias concretas de la instrucción, su complejidad jurídica y las diferentes situaciones procesales», como la petición de diligencias.

«También he sostenido que no es el momento de mirar hacia atrás, sino hacia adelante, y procurar que el inicio de las sesiones del juicio se demore lo menos posible», ha apuntado.

En esa carta de respuesta, también recuerda la «generosidad del juez instructor», Andrés Lago Louro, quien obtuvo un traslado a un juzgado de primera instancia, pero «se brindó desinteresadamente a continuar con el trámite de este asunto en el anterior juzgado de instrucción para evitar retrasos adicionales». «Actuación que ha llevado acumulada a sus obligaciones en el nuevo juzgado y decanato», destaca.

Dicho esto, apunta que el umbral del primer trimestre del año 2022 le sigue pareciendo «realista», pero recuerda que no podrá ser en la sede judicial y que es la Xunta la encargada de dotar esta prestación en materia de justicia, al respecto de lo que se ha mostrado «seguro» de que comparte los criterios de que sea un lugar «digno, cómodo y con espacio suficiente». De hecho, la Cidade da Cultura en Santiago es el espacio que la Xunta dijo que planeaba para este macrojuicio al que está previsto que acudan 120 abogados y procuradores.

El presidente del alto tribunal gallego recuerda que el inicio del juicio deberá decidirlo el juzgado penal competente, en este caso el número dos, puesto que «la independencia judicial, así lo exige» y él la defiende. Con todo, mostró la «colaboración» con la Xunta para la «información y transparencia» en todo lo relativo a los particulares del juicio.

APERTURA DE JUICIO ORAL

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago acordó en julio de este año la apertura de juicio oral contra el maquinista del Alvia siniestrado y para el que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.

El juez dio por formuladas las acusaciones contra ambos por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena. Para el otro acusado, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

El magistrado ha requerido a los dos investigados y, en su caso, a las aseguradoras, como responsables civiles directas, o a las entidades públicas Renfe Operadora y Adif, como subsidiarias, para que presten una fianza de casi 57,7 millones de euros. Todo ello con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer en la sentencia.