Fiscalía receta «más presupuesto público y más gasto privado» como vías para mejorar la calidad de las residencias de mayores tras las carencias reveladas por una crisis sanitaria que dejó en una situación de «desamparo» a los ancianos usuarios de geriátricos, concebidos más como «hoteles» que como centros sociosanitarios.

Así figura en la memoria anual del año 2020, consultada por Europa Press, que este mismo lunes ha entregado el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, al presidente del Legislativo autonómico, Miguel Ángel Santalices.

El informe anual se detiene en los efectos de la crisis sanitaria durante el primer año de la crisis sanitaria, 2020, en el que Fiscalía tramitó en Galicia nueve diliigencias de investigación penal y cuatro preprocesulaes civiles, la mayoría vinculadas a centros de mayores.

El Ministerio Público recuerda en su memoria que, hasta el 31 de diciembre del 2020, la pandemia había causado 571 fallecidos en las residencias, el 41% del total en Galicia. De estas, casi la mitad (43%) se produjeron en cuatro centros, tres del grupo DomusVi (Santiago, Barreiro-Vigo y Aldán-Pontevedra) y el A Nosa Señora da Esperanza de Ourense.

Por tanto, subraya como necesario acometer una reforma del modelo residencial para mayores en el Estado y en Galicia para mejorar su calidad, algo que pasa por un incremento de la inversión, tanto pública como privada.

«La calidad hay que mejorarla, pero tenemos que asumir que hay que pagarla», añade Fiscalía, que remarca en sus conclusiones sobre el pasado año que la pandemia «afectó de forma especialmente cruel» a las personas con discapacidad y a los mayores, ya que evidenció la «nula existencia» de protocolos de urgencia para episodios de salud pública.

Además, también echa en falta mayor coordinación entre Estado y comunidades autónomas, a las que apela a revisar sus conexiones de cara al futuro, al tiempo que censura la situación de aislamiento que padecieron los usuarios de residencias a la hora de relacionarse con sus familias y allegados.

«Es una cuestión que la ciudadanía no entiende, la situación de desamparo en que se vieron las personas mayores en las residencias y sin poder tener relación con sus familiares, a los cuales se les daba la posibilidad de acceder a ver a sus parientes, evidentemente por razones de salud, pero quizás sería procedente acordar un protocolo o una normativa general para toda España sobre criterios básicos», concluye.