El estudio realizado por la Unión General de Trabajadores (UGT) sobre la inserción laboral del colectivo LGTBI en España sitúa a Galicia como la tercera comunidad autónoma en la que se han notificado más situaciones de discriminación laboral por motivos de orientación sexual, sólo tras Asturias y Murcia.

‘As persoas LGTBI no emprego. Estudo sobre a discriminación laboral das persoas LGTBI’, ha sido presentado este miércoles en la sede del sindicato en Santiago de Compostela por el responsable confederal UGT LGTBI, Toño Abad; y la secretaria de igualdade UGT Galicia, Trinidad Campos Rodríguez.

El estudio, con datos de 2020 y con una muestra de 3.400 personas de toda España, se centra en el análisis y diagnóstico de las cláusulas en la negociación colectiva contra la discriminación sexual en el entorno laboral.

Los datos son «muy preocupantes» ha reconocido Abad, que ha indicado que el 90% de los encuestados han considerado «inconveniente» ser lesbiana, gay o trans en cuanto al empleo y un 86% ha preferido «ocultarlo» de su entorno laboral.

También tres de cada cuatro entrevistados han tenido «miedo» de expresar su identidad de género u orientación sexual, mientras que cuatro de cada 10 trabajadores LGTBI aseguran haber sufrido agresiones, verbales o físicas; algunos incluso violencia sexual, donde las agresiones rondan el 20%.

«Esta es la primera encuesta en esta materia a nivel estatal y pone de manifiesto la situación de excepcionalidad y discriminación en los centros de trabajo, una situación que no se está abordando», ha señalado el responsable confederal.

DATOS EN GALICIA

La Comunidad gallega es una de las que peor parada sale del estudio, situándose la tercera en el ranking en cuanto a situaciones discriminatorias; una lista que lideran la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Concretamente, la investigación indica que el 96% de los gallegos encuestados ha considerado «inconveniente» revelar su orientación sexual, mientras que un 91% la ha ocultado. Además, seis de cada diez trabajadores ha reconocido haber sufrido algún tipo de agresión.

Toño Abad ha reconocido que los datos tienen mucho que ver con el tipo de empresas más comunes en Galicia, medianas y pequeñas en ciudades medias –frente a las grandes compañías en capitales–, pero también por el contexto sociopolítico. «Galicia tiene normativas LGTBI pero no las aplica», ha lamentado el miembro de UGT.

Abad se refiere a la Ley contra la Discriminación del colectivo LGTBI, aprobada en 2014 por el Parlamento gallego con los votos del PP, PSOE y BNG y que constituyó la primera norma autonómica en «amparar la diversidad sexual y establecer medidas concretas para proteger las distintas manifestaciones de la sexualidad».

ENTRAR EN EL MUNDO LABORAL

En este sentido, los comparecientes han insistido en la necesidad de ampliar el foco, tradicionalmente en la educación y la formación, a la empresa y al sector laboral, «donde la gran mayoría de las personas LGTBI no están protegidas».

Así, la segunda parte del estudio se centra en el análisis de los convenios colectivos. De los 1.200 acuerdos examinados, solo tres de cada 10 incluyen cláusulas concretas que se refieren a los derechos LGTBI en el empleo.

«Se dan situaciones en las que muchas personas, en su entorno familiar, están ‘fuera del armario’, pero en el entorno laboral, continúan ‘dentro del armario», ha lamentado Abad, que ha recalcado que también es común que, cuando se dan situaciones de violencia, se resuelvan despidiendo a la víctima.

«Tradicionalmente se ha considerado un tema privado por parte del empresario. Pero en el caso de las personas hetero no es que no se hable, es que se da por hecho», ha asegurado Abad, que ha añadido además que «no decir quien eres en tu centro de trabajo supone renunciar a derechos».

«Muchas personas no piden el permiso de matrimonio y se casan en sus vacaciones para no decir con quien se casan, o en caso de tener que acompañar a su pareja a alguna cita, tampoco lo comunican», ha explicado. «Esta renuncia –recalca– tiene un efecto correlativo muy perjudicial en cuanto a la socialización: somos los raritos que no comentamos».

PERSONAS TRANS, LAS PEOR PARADAS

El estudio también muestra que las personas trans son las que salen peor paradas en este tipo de situaciones. Así, el 40% de las personas trans encuestadas han asegurado haber sido rechazadas en entrevistas laborales por tener una identidad de género no normativa o por no tener la documentación adaptada; un porcentaje que asciende al 48% en Galicia. En cuanto a las medidas concretas para estos colectivos en los convenios laborales, el estudio no ha encontrado ninguna entre los analizados.

Las personas que se encuentran con mayores dificultades a la hora de acceder al empleo, según esta investigación, son las personas trans y las personas migrantes LGTBI, que también apunta la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres.

Por sectores, Abad ha apuntado que la discriminación sexual se produce más en sectores tradicionalmente ‘masculinizados’ como son la industria del metal, la construcción o el del automóvil.

PROPUESTAS

El sindicato también propone una serie de medidas que, según ha explicado, presentarán próximamente para paliar esta situación. Entre ellas estará la convocatoria de una mesa de diálogo social entre la Administración, las asociaciones de empresarios y los sindicatos más representativos.

El objetivo será que se introduzcan «medidas planificadas de obligado cumplimiento» en empresas de más de 200 trabajadores, «donde puede haber cierta masa crítica». Para ello, UGT propone a las empresas, como primer paso, realizar un diagnóstico de la compañía y ver qué sucede: si hay ascensos entre el colectivo, si hay personas LGTBI visibilizadas, etc.

«Estamos hablando de derechos fundamentales que recoge la Constitución. Estas situaciones de violencia hay que afrontarlas con protocolos, pero para poner en marcha esas actuaciones protocolizadas necesitamos un marco legislativo», ha defendido Abad.

Por este motivo, el sindicato presentará las medidas con el objetivo de añadirlas a la Ley Trans, actualmente en tramitación y que el responsable confederal de UGT LGTBI ha calificado de «oportunidad histórica».

«La ley presentada, en el ámbito laboral, tiene un carácter muy general. Habla de instar, apoyar y fomentar, pero queremos que sea una obligación. Hacen falta medidas de garantía de esos derechos. Que yo tenga a que acogerme cuando sufro una situación discriminatoria», ha concluido Abad.