Peritos de la Policía Nacional desplazados desde Madrid han vuelto a inspeccionar el vehículo que utilizaba el principal sospechoso en la investigación por la muerte de la joven Déborah Fernández Cervera, según ha confirmado la hermana de la víctima y portavoz de la familia, Rosa Fernández Cervera, quien ha lamentado la forma en la que se llevó a cabo esa inspección.
Así, en declaraciones a los medios a las puertas del juzgado de Tui (Pontevedra) –donde este jueves declaran nuevos testigos en este caso–, Rosa Fernández ha explicado que el pasado 30 de septiembre la Policía Científica accedió a ese vehículo, que está en un garaje familiar, pero, «por problemas técnicos» no pudieron sacarlo al exterior y tuvo que realizar allí mismo su trabajo «con las limitaciones que eso conlleva».
Al respecto, la portavoz de la familia ha criticado que esa inspección no se hubiera hecho en un laboratorio, con todos los medios posibles y en las mejores condiciones. «Pedimos que se hagan los análisis como corresponde», ha afirmado.
El caso por el asesinato de Déborah Fernández Cervera, cuyo cadáver fue localizado en mayo de 2002 diez días después de haber desaparecido, prescribiría en mayo del año que viene, por lo que su familia urge que se agilicen los plazos de las diligencias. Esa cuenta atrás se pararía si alguien es citado a declarar como investigado.
DECLARACIÓN DE TESTIGOS
Este jueves el Juzgado número 2 de Tui acogerá nuevas declaraciones de testigos en el marco de esta investigación. Así, aunque inicialmente estaba prevista la comparecencia de cinco personas, finalmente declararán tres testigos, ya que los otros dos «no fueron notificados a tiempo», según la familia.
La jueza podrá escuchar a Nuria, prima de Déborah, y la última persona que la vio con vida el 30 de abril de 2002. Y será su primera declaración en un juzgado en 19 años. «Es que tiene guasa», ha ironizado la hermana de la víctima.
Además de esta familiar, también declararán dos agentes de policía: el que abrió la instrucción en 2002 y el agente que en 2008 dirigió la última investigación policial, justo antes de que se archivase el caso en 2010 (la causa se reabrió en 2019).
