El número de ciberdelitos cometidos en Galicia en el último año aumentó casi un 26% y representan ya una de cada cinco infracciones penales que se cometen en la Comunidad gallega.

En total, fueron 14.632 los delitos asociados a las nuevas tecnologías registrados en el último año, un 25,8% más que en el ejercicio anterior, según las cifras dadas a conocer este miércoles por el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, extraídas del VIII Informe sobre Cibercriminalidad del Ministerio del Interior.

De hecho, los ciberdelitos han pasado en cuatro años de representar apenas el 8% de las infracciones penales que se cometían en Galicia a alcanzar el pasado año casi el 20% del total.

Por ello, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a ciudadanía y empresas a extremar las precauciones ante este tipo de hechos.

DATOS PROVINCIAS

Tres de cada cuatro ciberdelitos se cometen en las provincias más pobladas de Galicia, A Coruña y Pontevedra, que concentran el 77,5% de las infracciones penales conocidas con 6.034 y 5.312, respectivamente.

Con todo, el mayor crecimiento se produjo en la provincia de Lugo, donde aumentaron un 46% los ciberdelitos cometidos hasta alcanzar las 1.483. Por su parte, en Ourense se registraron 1.533 infracciones, de los cuales, 1.308 fueron fraudes informáticos.

Y es que los fraudes cometidos a través de las nuevas tecnologías son el principal ciberdelito conocido, pues representan el 86,8%.

Los registros señalan un total de 12.692 fraudes informáticos cometidos en Galicia el pasado año, la mayoría en A Coruña (5.443) y Pontevedra (4.588) –en Lugo hubo 1.357–.

En segundo lugar están las amenazas y coacciones, que sumaron en 2020 un total de 944 ciberdelitos, sólo un 6,5% del total.

PERFIL DEL CRIMINAL

Un hombre de entre 26 y 40 años de nacionalidad española. Ese es el perfil del ciberdilencuente en Galicia, según refleja el informe del Ministerio del Interior, que señala que el 73,3% de los investigados o detenidos por este tipo de actos son varones.

La Delegación del Gobierno recuerda que la Administración central cuenta con un plan estratégico para combatir este tipo de delicuencia que pivota en torno a cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.