La agrupación de consumidores EN COLECTIVO, que inició el procedimiento contra las ampliaciones de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas en 1994 (por un gobierno socialista) y en 2000 (por un gobierno ‘popular’), ha expresado este viernes su confianza en que dichas ampliaciones queden anuladas y ha anunciado que, confirmado ese paso, iniciarán otro procedimiento colectivo para reclamar los cobros indebidos de los peajes desde el año 2013.

Así lo ha explicado el presidente de esta plataforma, Diego Maraña, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los abogados Antonio Heredero (de Balms Abogados) y Carlos Cenalmor (del bufete Gándara Moure). Según ha indicado, el objetivo de esta asociación es que, además de anularse la ampliación de concesión y dejar de pagar peajes, los usuarios puedan reclamar lo que se les ha cobrado desde 2013.

Tal y como ha apuntado, Audasa factura unos 140 millones de euros al año por la concesión de la AP-9. Si se multiplica por los 8 años transcurridos desde 2013, la cifra supera los 1.100 millones; y si se tiene en cuenta el período 2013-2023 (de la prórroga otorgada en 1994), se elevaría a 1.400 millones de euros.

Maraña ha señalado que, tras la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea, España tiene dos meses para presentar alegaciones o responder a ese requerimiento, tras la apertura de un expediente por ampliar la concesión a Audasa en dos ocasiones incumpliendo la normativa comunitaria (que obliga a sacar a licitación pública cualquier concesión que supere los 150.000 euros).

Superado ese plazo (que en casos excepcionales y justificados puede ampliarse), la Comisión emitirá un dictamen y, si España no anula las ampliaciones, el órgano comunitario puede instar un procedimiento en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La sentencia de este tribunal será firme, no cabrá recurso y si, aún así, España no la acata, se entrará en fase de ejecución de sentencia con imposición de sanciones diarias «muy elevadas».

INCUMPLIMIENTO «MUY FLAGRANTE»

Carlos Cenalmor ha señalado que es previsible que el Estado español intente oponerse al proceso, o presentar alguna justificación, aunque ha precisado que «no va a tener razones para alegar», ya que el incumplimiento de la normativa comunitaria ha sido «muy flagrante». «La decisión de la Comisión marca un antes y un después en la aplicación del derecho comunitario a las administraciones», ha añadido.

Según ha recordado, el procedimiento iniciado contra España sigue un camino paralelo al que se siguió contra el gobierno de Italia por una ampliación de concesión en el tramo de autopista Livorno-Civitàvecchia (unos 36 km). En el caso italiano, el TJUE dictó sentencia anulando la ampliación, aunque el Estado está presentando alegaciones y tratando de retrasar la ejecución de dicha sentencia.

EN COLECTIVO, ha matizado, ha procedido contra las ampliaciones aprobadas en los años 1994 y 2000 porque, si bien hubo una ampliación de la concesión con anterioridad, aprobada por un gobierno de la UCD, entonces no era de aplicación de la normativa comunitaria. Así, esa primera ampliación extendía la concesión hasta 2013; en 1994 se publicó en el BOE la ampliación de la concesión desde 2013 a 2023; y en el año 2000 se aprobó una prórroga adicional de 25 años, hasta 2048.

RECUPERACIÓN DE LOS COBROS INDEBIDOS

El abogado Antonio Heredero ha incidido en la importancia del expediente abierto por la Comisión a España, ya que una eventual anulación de las ampliaciones de la concesión de la AP-9 «tendrá un efecto cascada».

Así, al margen de las acciones que la concesionaria Audasa pueda emprender si considera perjudicados sus intereses, los usuarios de la autopista podrán reclamar la devolución de los peajes cobrados «indebidamente» desde 2013.

Heredero no ha querido aventurar cuál será la reacción del Gobierno de España al requerimiento de la Comisión, si bien ha recordado que, en el proceso instado por la Fiscalía por el cobro de peajes durante las obras de ampliación en el Puente de Rande, la Abogacía del Estado «se autoproclamó parte, intervino y se posicionó del lado de Audasa».

Este mismo letrado, y en respuesta a preguntas de los medios, ha trasladado sus dudas acerca de una posible licitación para renovar la concesión. Al respecto, ha señalado que «sería un agravio comparativo» para los gallegos, viendo cómo otras autopistas del Estado han vencido sus plazos de concesión y han pasado a ser libres de peaje. «Como mucho, se podría licitar un contrato de mantenimiento y, en su caso, si hubiera peajes tendrían que ser infinitamente menores», ha matizado.

Diego Maraña ha animado a los usuarios de esa autopista a inscribirse en la plataforma EN COLECTIVO, con sus datos identificativos y documentación que justifique los pagos de los peajes, para poder crear «masa crítica» y poder presentar esa demanda colectiva.