La Xunta ha alquilado 35 tractores para la roza, a lo largo de los próximos 4 meses, de una superficie de casi 5.000 hectáreas en zonas de cortafuegos, para reforzar la prevención de los incendios forestales.

Así lo ha trasladado este jueves el conselleiro do Medio Rural, José González, durante una visita al municipio de Negreira, uno de los 17 ayuntamientos beneficiarios de la cesión temporal de estos vehículos agrícolas.

Además de los 17 tractores cedidos a otros tantos ayuntamientos, otros 18 vehículos se están usando para trabajar en los diferentes distritos forestales de Galicia. Estos 35 tractores se suman a los más de 90 cedidos o subvencionados en los últimos cuatro años por la Consellería a ayuntamientos para realizar estas tareas de prevención.

José González ha recordado que la labor de prevención «no cesa» y que los trabajos sobre el terreno se mantienen mientras las condiciones meteorológicas lo permiten. Al mismo tiempo, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones como Xunta, ayuntamientos y Diputación de Ourense, «la única de las cuatro diputaciones comprometida en estas tareas».

Según ha recordado el conselleiro, mediante el plan preventivo aprobado por la Xunta, se invierten casi 30 millones de euros para actuar en más de 58.000 hectáreas de terreno y en unos 5.000 kilómetros de pistas y vías de comunicación. A ello se suman labores de mantenimiento en los casi 4.000 puntos de agua que hay en Galicia, o la construcción de otros 222 puntos nuevos.

PROTECCIÓN DE LAS ALDEAS

El titular de Medio Rural también se ha referido, en el marco de esta planificación, al convenio de protección de las aldeas, firmado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y por la empresa pública Seaga, y ha recalcado que «está dando sus frutos».

Según ha explicado José González, el porcentaje total de área gestionada ha aumentado hasta el 70 %. El convenio permite actuar en más de 150 parroquias, tres de ellas en el propio término de Negreira, cuyo ayuntamiento ha recibido, desde 2016, casi 248.000 euros para la contratación de brigadas municipales y la realización de trabajos preventivos.

Para controlar los trabajos en todas las zonas protegidas, se han desplegado 45 supervisores por toda Galicia, que actúan tanto en las parroquias priorizadas como en las que no lo son.

Al amparo de este convenio se ha actuado en las franjas secundarias de esas áreas, en la gestión de la biomasa o en la puesta en marcha de proyectos de movilización de tierras. En el acuerdo se incluyen también las llamadas ‘aldeas modelo’, para la recuperación y puesta en valor de las tierras alrededor de núcleos de población.