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El nuevo reparto de fondos del PRTR prevé repartir 100 millones de euros a poblaciones de menos de 20.000 habitantes

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La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha analizado este martes los criterios de asignación territorial para un nuevo reparto de fondos de aproximadamente 100 millones de euros en ayudas a poblaciones de menos de 20.000 habitantes para la mejora de redes de abastecimientos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a las comunidades autónomas

Antes de hacerse efectiva, la territorialización de estos fondos debe ser autorizada por el Consejo de Ministros del 29 de junio y ratificada después en una próxima Conferencia Sectorial, prevista para el próximo 5 de julio, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.

Según los criterios acordados, los fondos serán destinados a financiar actuaciones en mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, así como ayudas para la conservación de la biodiversidad, actuaciones en Parques Nacionales y reservas naturales, y sus respectivas áreas de influencia socioeconómica.

Asimismo, en la conferencia se ha especificado que las ayudas beneficiarán a municipios de menos de 20.000 habitantes en función de criterios como la población, la densidad de población y el porcentaje de pérdidas reales en las respectivas redes de distribución.

Por otro lado, los representantes del Ministerio y de las Consejerías autonómicas repasaron también las convocatorias de distribución de fondos PRTR asignadas a inversiones para restauración de ecosistemas e infraestructura verde, gestión forestal sostenible, acciones directas dentro de los espacios protegidos de la red de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera, y territorios comprendidos dentro de sus áreas de influencia social y económica, como factor de crecimiento e impulso de la sostenibilidad en estos ámbitos.

EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN

Durante la reunión, celebrada de forma telemática y presidida por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, las autonomías solicitaron también que el futuro Plan Marco de Acción a Corto Plazo ante episodios de alta contaminación atmosférica se tramite vía Real Decreto.

En este sentido, el Plan establece valores homogéneos para todo el territorio frente a situaciones de elevada concentración de partículas inferiores a 10 micras (PM10), partículas inferiores a 2,5 micras (PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2). Además, fija un abanico de actuaciones con el objetivo de que todas las Administraciones dispongan de un esquema común y el ciudadano cuente con información clara sobre cada uno de los posibles niveles de alerta y las medidas aparejadas.

El fin último del Plan es evitar que se alcance el umbral de alerta establecido en la legislación y reducir el número de ocasiones en que se superan los valores límite a corto plazo para proteger la salud de la población de una mala calidad del aire. Tal y como ha señalado Ribera «este es un problema ante el que la sociedad está cada vez más concienciada porque las evidencias sobre los efectos de la contaminación sobre la salud son incuestionables».

NITRATOS EN LAS CUENCAS

El MITECO ha asegurado que está trabajando para integrar las aportaciones surgidas del proceso participativo en el seno del Consejo Nacional del Agua en la propuesta normativa como paso previo para un nuevo trámite de audiencia específico con las comunidades autónomas que se lanzará previsiblemente antes de finales de junio.

Al igual que en otros países europeos, la contaminación de origen difuso de las masas de agua superficial y subterránea es «uno de los principales problemas» que afectan a las cuencas españolas como consecuencia de los excedentes de productos orgánicos e inorgánicos empleados como fertilizantes.

Al respecto, la Unión Europea ha marcado como eje prioritario de su acción ambiental y agraria la reducción de este tipo de contaminantes. Entre otros objetivos, ha marcado a los países miembros una reducción del 50 por ciento en el exceso de nutrientes y un 20 por ciento menos en el uso de fertilizantes antes de finales del año 2030.

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