Un matrimonio acusado de defraudar a la Seguridad Social mediante la creación de sucesivas empresas de peluquería en la misma ubicación y con la misma actividad para evitar el cobro de deudas será juzgado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

En su escrito de acusación, la Fiscalía ha explicado que en 1998 la pareja constituyó una empresa y en 2005 creó una nueva «en idénticas condiciones de propiedad y administración», así como que ambas contaban con el mismo domicilio social, se dedicaban a la peluquería y otros tratamientos de belleza y compartían trabajadores.

Posteriormente, en 2007, la mujer cesó como administradora de las dos empresas y, junto a su marido, disolvió la sociedad de gananciales que regía hasta ese momento el régimen económico de su matrimonio. Ese mismo año, su esposo y otros siete socios constituyeron una nueva peluquería de la que él figuraba como único administrador y que se situaba en la misma ubicación. Al igual que las demás empresas, esta contrajo «importantes deudas con la Seguridad Social por impago de las cuotas correspondientes al menos desde el año 2011».

Mientras, la procesada fundó una nueva entidad de la que figuró como única socia y administradora «con el mismo objeto e igual domicilio que las anteriores», tras lo que «la mayor parte de sus trabajadoras pasaron a ella desde las dos anteriores».

De esta forma, el Ministerio Público ha afirmado que los acusados, puestos de común acuerdo, actuaron «con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones y guiados por un evidente ánimo defraudatorio a la Seguridad Social2, con la que «ya habían contraído importantes deudas al menos desde 2011». Mediante «una sucesiva creación de empresas» operaron en el mercado y en el tráfico jurídico con una sociedad que estaba al día en el pago de las cuotas, a diferencia de las otras.

Tras constatarse que las sucesivas sociedades «tenían idéntica actividad», que «muchos de sus trabajadores pasaban de una empresa a otra» y que «cada empresa creada ex novo tenía el mismo domicilio e incluso hacía uso de los mismos medios e instalaciones que la anterior» se consideró que todas formaban un grupo. Por su parte, en 2016, la acusada vendió dos inmuebles al conocerla derivación de esa deuda.

DEUDAS

En concreto, el Ministerio Público ha explicado que mediante la mecánica relatada, entre 2013 y 2016, las deudas contraídas con la Seguridad Social por cuatro empresas de los acusados, sin contar recargos, intereses y costas, ascendieron a casi 480.700 euros.

Por ello, ha considerado a ambos responsables de un delito contra la Seguridad Social y a la acusada también de un delito de frustración a la ejecución. Así, pide una pena de cuatro años de cárcel para el varón y de siete para su esposa.

Además, reclama que durante seis años ambos pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, así como que indemnicen a esta última en la cantidad adeudada.