El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que «no hay injerencia» en competencias autonómicas con el recurso contencioso-administrativo del Ejecutivo estatal contra el plan gallego de explotación marisquera 2021-2023, «sino incumplimiento por parte de la Consellería do Mar de los trámites previstos en la legislación autonómica y estatal, incluso tras requerirles expresamente a fin de evitar la impugnación judicial».

Así lo expresa este sábado en un comunicado, en el cual remarca que el Ministerio para la Transición Ecológica requirió de la Xunta que derogara dicho plan por haberse aprobado sin contar con el preceptivo informe del Ministerio, tal y como prevén los artículos 112 de la Ley de Costas y 30 de la Ley de Pesca de Galicia, según expone.

De este modo, lamenta que la Xunta rechazó este requerimiento –en escrito de fecha 15 de marzo de 2021–, lo que derivó en la interposición de un recurso autorizado por la Abogacía del Estado.

«La Xunta está obligada a cumplir con la legislación vigente, estatal y autonómica, sin embargo, no pidió el informe con carácter previo, ni tampoco subsanó su carencia tras requerírsele en ese sentido», se queja este departamento estatal. «Por ese motivo se ha interpuesto el recurso contencioso administrativo. Recurso que si, como sostiene la Xunta, careciera de fundamento, no habría sido autorizado por la Abogacía del Estado», añade.

Igualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica dice comprender «la lógica preocupación que se haya podido generar en el colectivo de mariscadores». «Pero esta inquietud no se puede achacar a quien cumple y pide que se cumpla la normativa vigente, sino a la parte que claramente incumple y además persiste en ello», deja claro.

De tal forma, el Gobierno incide en que, «si la Xunta hubiese tramitado correctamente el expediente o atendido el requerimiento formal de la Dirección General de Costas, se habría evitado el recurso contencioso administrativo».

Por su parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, espera que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dé la razón a la Xunta ante el recurso contencioso administrativo que presentó el Ministerio de Transición Ecológica contra la orden de diciembre del año pasado por la que se aprobó el plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023.