Escasez de personal, precariedad laboral y déficit de formación son algunos de los problemas del sector de los cuidados de larga duración en España, según un informe de la Fundación Alternativas que analiza el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el ámbito de los cuidados a las personas mayores.

Así se desprende del proyecto ‘En la primera línea del coronavirus: el trabajo de cuidados a personas mayores en España’, un estudio comparado que analiza cómo se vio afectado el sector del cuidado de personas mayores por la crisis del coronavirus en España e identifica las dificultades de las personas que trabajaban en las residencias y en los servicios de ayuda a domicilio durante la primera ola.

El documento, realizado por los investigadores Jorge Hernández-Moreno y Manuel Pereira-Puga, precisa que, en el contexto de la primera ola de la COVID-19, el principal problema en materia de personal fue la falta de trabajadores, un problema «especialmente grave» en las residencias de personas mayores, como consecuencia del «alto impacto» que la pandemia ha tenido en el personal.

Según indican, las principales causas del escaso número de efectivos disponibles durante la primera ola fueron: la alta tasa de contagio; las cuarentenas; el hecho de tener alguna patología previa o factor de riesgo; problemas de carácter psicológico ante la dificultad y complejidad de esta situación, o cuestiones relacionadas con el entorno social y familiar.

El documento afirma que se hicieron «esfuerzos institucionales y organizativos, tanto públicos como privados», pero «no han sido suficientes» ante la situación crítica vivida en los servicios de atención residencial.

Varios directores de residencias y responsables de las patronales del sector entrevistados han señalado que cuando acudían a las bolsas de empleo «estaban agotadas». Este «desbordamiento» desde un punto de vista de los recursos humanos llevó a adoptar medidas extremas, como recurrir a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

Asimismo, los autores ponen de relieve otro problema que afecta al sector de los cuidados, que se caracteriza por «una baja cualificación formal y una insuficiente oferta dirigida a la formación y la acreditación profesional».

Según señalan, en España, la ley de Dependencia obliga a la profesionalización de los trabajadores –fundamentalmente cuidadores y gerocultores– de los centros residenciales para personas mayores, a través de una acreditación que certifique su preparación.

Si bien, añaden que, a raíz de la crisis de la COVID-19 y ante la escasez de personal, el régimen desarrollado por el Gobierno central y las comunidades autónomas ha permitido la contratación de trabajadores sin certificado de formación ni experiencia, «dificultando la consecución de los objetivos de mejora en este ámbito».

A esto se suma, según apuntan, la precariedad laboral en el sector ya que los niveles de retribución de los trabajadores del ámbito residencial en las distintas categorías profesionales, en su inmensa mayoría mujeres, «son significativamente menores que en puestos equivalentes en el Sistema Nacional de Salud».

SUELDOS POR DEBAJO DE LOS 1.000 EUROS

Así lo aseguran varios de los entrevistados para la realización de este informe: «Si yo cobro 2.000 euros en el SNS y tengo mejores condiciones laborales, no voy a ir a trabajar a una residencia por mil y pico euros».

Los sueldos más bajos, según el informe, se dan en los puestos asociados a un menor nivel de educación formal (como los de gerocultor y auxiliar del sistema de ayuda a domicilio) y, «en muchas ocasiones, están por debajo de los 1.000 euros mensuales a jornada completa». Además, señala que en el sector de los cuidados también existe una alta incidencia de la temporalidad y el trabajo a tiempo parcial.

Según los datos de afiliados a la Seguridad Social en el tercer trimestre de 2020, en la asistencia en establecimientos residenciales de servicios sociales, menos de la mitad de los contratos son indefinidos a tiempo completo (47,8%).

TURNOS DE 14 HORAS

Esta situación, según añaden los autores, se ha visto agravada debido a la pandemia, con una «gran carga de trabajo», derivada de la propia carencia de recursos humanos y las dificultades de reclutamiento, que ha obligado al personal a encarar «jornadas laborales extenuantes, renunciar a libranzas y vacaciones, y vivir una sobrecarga de trabajo todavía mayor, con «turnos de 12 y 14 horas», según algunos entrevistados.

Además, el documento pone de manifiesto que la salud de los trabajadores, además de la de las personas residentes, «fue puesta en riesgo» debido a las «escasas pruebas diagnósticas» llevadas a cabo entre el personal y los usuarios de las residencias durante las primeras semanas de la crisis, así como por la «carencia de EPI suficientes y adecuados».

Ante los problemas detectados, los autores sugieren, entre otras recomendaciones, aumentar los salarios y hacer contratos indefinidos a jornada completa; la regulación y organización de turnos, vacaciones y libranzas teniendo en cuenta la dureza física y mental del trabajo de cuidados; y el diseño de titulaciones que capaciten adecuadamente a los futuros profesionales.

Asimismo, hasta que la pandemia haya finalizado, consideran «imprescindible» garantizar material adecuado y apoyo externo, sobre todo, del sistema sanitario; e invitan a reflexionar sobre el prestigio social de las profesiones ligadas a los cuidados de mayores pues consideran que, a pesar de haber estado «luchando en primera línea» durante la pandemia, «recibían un muy escaso reconocimiento por parte de la sociedad».

DEFICIENTE FINANCIACIÓN DEL SAAD

Por otro lado, el informe también pone de relieve la «relativamente deficiente» implementación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) basado en los servicios públicos que se debe, según la inmensa mayoría de los participantes en el estudio, al contraste entre la «gran ambición» de la Ley de Dependencia de 2006 y la «deficiente financiación» del SAAD, que dificultó su implementación.

Uno de los objetivos de esta ley que no se ha cumplido totalmente, según revela el documento es el de priorización de los servicios a personas dependientes frente a las prestaciones económicas.

Así, de los datos se desprende que, después de 14 años (desde que entró en vigor la ley), casi la mitad de las 1,4 millones de prestaciones y servicios a personas dependientes eran transferencias económicas (42,9%) frente al 57,1% de servicios, según datos de agosto de 2020, recogidos en el informe.

«Es cierto que, en los últimos años, los servicios han ido ganando terreno sobre las transferencias monetarias (han aumentado tres puntos porcentuales en los últimos cinco años); pero este incremento se ha producido, sobre todo, gracias al avance de los servicios más baratos del catálogo, particularmente de la teleasistencia, que pasó de representar el 12,4% en 2015 al 17,7% en 2020», advierten los autores.