La Xunta está trabajando ya en el diseño del I plan estratégico de Galicia para combatir la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de trata, tal y como ha destacado este lunes la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, durante la reunión del Observatorio Galego da Violencia de Xénero.

La intención, ha explicado la conselleira, es articular medidas de apoyo, atención y acompañamiento y asesoramiento integral -jurídico, psicológico, sanitario y formativo- a estas mujeres, así como reforzar la red de acogida para las víctimas dispuestas a denunciar la coacción y la violencia de la que son objeto.

Para el diseño de la iniciativa, Lorenzana ha dicho que la Xunta contará con la colaboración de las ONGs especializadas en esta materia, que formarán parte de los grupos de trabajo que se constituirán para la elaboración del Plan.

Lorenzana ha recordado que este primer plan estratégico para combatir la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de trata se sumará a otras medidas que ya tiene en marcha a Administración autonómica en este campo. Así, ha recordado la ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, que recoge en su artículo 3 la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como una forma de violencia de género.

Galicia es pionera en la implicación de una administración autonómica en la lucha contra esta lacra, con la firma en enero de 2010 –actualizado en 2012– de un protocolo entre la Fiscalía Superior de Galicia y la Xunta sobre la adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Asimismo, la Xunta de Galicia también tiene articuladas desde 2012 ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de ser humanos con fines de explotación sexual y/o laboral. La Administración autonómica ha trabajado con más de 7.000 mujeres en esta situación desde entonces.

Finalmente, la Xunta participó a través de la Secretaría Xeral da Igualdade en el proyecto internacional Itíneris, junto con los gobiernos de Austria, Portugal y Brasil, para la protección de los derechos de las personas migrantes, especialmente contra la explotación y la trata de seres humanos, intentando además prevenir la migración irregular a través de campañas de información in situ, en el país de origen.

DIÁLOGO SOCIAL

En la reunión del Observatorio, el máximo órgano sobre violencia de género de Galicia, se informaron, además, de otros asuntos. La titular de Emprego e Igualdade ha destacado que, por primera vez, en el seno del Diálogo Social se están abordando las medidas del Pacto del Estado contra la violencia de género vinculadas con el empleo.

En concreto, ha explicado que se están tratando nuevas líneas de ayudas dirigidas a empresas para el fomento de la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, así como la entidades sin ánimo de lucro con este mismo objetivo.

Asimismo, se trabaja en apoyos para facilitar la movilidad geográfica de las mujeres que sufren violencia machista, que para hacer efectiva su protección. La Consellería de Emprego e Igualdade apuesta también por el diseño y puesta en marcha de un plan de formación en igualdad y tratamiento de la violencia de género dirigido a los empleados públicos de las oficinas de empleo de Galicia.

Entre otras cuestiones, en la reunión también se ha informado sobre las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género ejecutadas a lo largo de 2019 (los datos de 2020 se dispondrán en el primer trimestre de este año). Galicia ya tiene ejecutadas 66 de las 118 medidas encomendadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el período 2018-2022. Las actuaciones practicadas en 2019 suponen, por lo tanto, cerca del 60% del total de las programadas para los cinco años. Para finalizar, el Observatorio abordó las medidas del Plan de refuerzo de atención a las víctimas de violencia de género como consecuencia de la covid-19.