El Ministerio de Trabajo destinará 196 millones de euros a Galicia para el desarrollo de políticas activas de empleo tal y como se ha fijado en la LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que ha acordado el reparto territorial de los 2.571.961.030 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Según se desprende del comunicado enviado este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el consenso de las CC.AA. ha sido «prácticamente total», con un solo voto negativo.
Los fondos se destinarán a financiar programas y servicios de políticas activas de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).
De los casi 2.572 millones de euros a repartir, Andalucía recibirá 417.153.850 euros; Cataluña 414.287.605 euros; Madrid 344.395.628 euros; Comunidad Valenciana 243.317.658 euros; Galicia 196.310.273 euros; Castilla y León 161.364.019 euros; Canarias 157.010.078 euros; Castilla-La Mancha 123.132.979 euros; y Extremadura 121.550.714 euros.
Por debajo de los 100 millones de euros figuran Aragón, con 87.738.584 euros; Asturias, con 83.272.717 euros; Murcia, con 73.840.399 euros; Baleares, con 62.516.709 euros; Cantabria, con 38.548.594 euros; Navarra, con 32.952.599 euros; y La Rioja, con 14.568.624 euros.
El 28,91% de los fondos asignados en 2026, es decir, 743.541.735 euros, se distribuirán entre las comunidades autónomas en función en del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el PAFED de 2025. Esta partida se reparte con los siguientes criterios:
El 60% (446.125.042 euros) se reparte según el cumplimiento de los indicadores que miden la mejora de la empleabilidad; mientras que otros dos 15% (111.531.260 euros) se vinculan al cumplimiento de los indicadores generales del PAFED 2025, por un lado, y en función del grado de cumplimiento de los indicadores de seguimiento de la formación para el empleo, por otro.
Además, un 10% (74.354.173 euros) se distribuye en función de la adecuación de los indicadores de actuaciones con beneficiarios de prestaciones por desempleo. También se tiene en cuenta, aunque sin asignación concreta, la consolidación de las plantillas de personal orientador y prospectores de empleo en las CC.AA.
