La Fiscalía de Pontevedra ha ratificado, al ver «pruebas suficientes», su acusación contra un médico del Centro de Salud de A Parda por un delito continuado de cohecho por cobrar por certificados de defunción en el juicio con jurado que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra.

Con la lectura de los informes finales por parte de la Fiscalía y del abogado de la defensa ha concluido este jueves el juicio. El acusado se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel y a ser inhabilitado para el empleo de médico o para cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina durante siete años y medio.

El fiscal de la causa, Jesús Calles, considera que durante la vista oral se han presentado «pruebas suficientes» para acreditar que este facultativo pidió dinero a cambio de expedir certificados de defunción, cuya emisión es gratuita y constituye un derecho de todo usuario de la sanidad pública.

En esta segunda sesión del juicio han comparecido empleados de varias funerarias y ciudadanos que relataron cómo este galeno les solicitó dinero por cumplimentar certificados de defunción.

En todos los casos sus familiares habían fallecido en sus casas en festivo o fin de semana. El acusado acudía a sus domicilios con el 061 al estar de guardia. Una vez allí, en casi todos los casos confirmaba el «exitus» en el registro de históricas clínicas del Sergas, pero pedía que los agentes funerarios acudiesen a su despacho en el centro médico para emitir el certificado de defunción. Dos empleados de una funeraria declararon ante el tribunal que por el documento del «exitus» también les quiso cobrar.

Según los agentes funerarios el acusado exigía el pago de distintas cantidades como 100, 70 ó 30 euros, según la situación. Los empleados de las funerarias explicaron que accedían al pago porque a las familias les apremiaba sacar el cadáver de casa para llevarlo al tanatorio o celebrar el entierro. Aunque también hubo algunos que, según dijeron, rehusaron pagar y esperaron a la incorporación el lunes del médico de cabecera que expidió el certificado sin coste alguno.

El empleado de una de las funerarias afectadas aseguró que este médico «presumía en el sector de que todo el mundo le pagaba» y que actuaba «con impunidad y alevosía».

Algunos afectados cursaron quejas ante el Sergas y otros directamente denunciaron los hechos en el juzgado. Incluso uno de los familiares que puso una queja ante el Sergas recibió una llamada del acusado en su teléfono particular con «amenazas» por haber presentado este escrito, algo que también denunció en comisaría.

SIEMPRE GRATUITO

El inspector médico Antonio Larriba, que investigó estos hechos a raíz de las reclamaciones presentadas en el área sanitaria, declaró como perito en este juicio. En primer lugar insistió en que el certificado médico es siempre gratuito.

A continuación explicó que durante su investigación tuvo acceso a las grabaciones hechas por uno de los agentes funerarios en las que se oían conversaciones con el médico que «concordaban con los hechos denunciados» y en las que se constataban las «coacciones» hechas por el acusado.

Este inspector médico también destacó que este facultativo acumulaba numerosas quejas de pacientes por el trato dispensado en otros centros en los que trabajó, como en Anafáns (Poio) o en A Illa de Arousa donde llegó a acumular 44 reclamaciones en un sólo mes que estuvo como sustituto.

Finalmente declaró durante la vista oral la actual directora asistencial del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, Sonia Fernández-Arruty, que aseguró que «cualquier médico tiene capacidad de expedir un certificado de defunción siempre que sea una muerte natural» y que el acusado, como médico de guardia del Punto de Atención Continuada de A Parda, «está en condiciones de emitir ese certificado» y no sólo eso, sino que «tiene obligación de hacerlo».

Ahora la magistrada, Nélida Cid, entregará a los miembros del jurado el objeto del veredicto con una serie de cuestiones para que fundamenten y resuelvan si la acusación contra este médico está probada o no y que emitan un fallo sobre la culpabilidad del procesado.