Los nueve activistas militantes del BNG denunciados por la familia Franco, por una protesta el 26 de septiembre de 2017 en la Casa Cornide para exigir su devolución –y durante la cual accedieron al balcón y desplegaron una pancarta–, han vinculado los hechos con una «acción simbólica» para denunciar un «expolio» y exigir la restitución del inmueble «al pueblo gallego».

Así lo han expuesto durante su declaración en el juicio fijado para este jueves por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña, una vista que, por motivo de las medidas sanitarias por la pandemia, se desplazó hasta el edificio de la antigua Audiencia Provincial de A Coruña.

Ante él, se concentró un grupo de personas en apoyo a los nueve denunciados, también presentes en la protesta con unas camisetas — igual que la pancarta que se ha exhibido– reclamando la devolución de ‘lo robado’ y con el lema ‘franquismo, nunca máis’. Además, corearon la proclama de ‘la Casa Cornide es del pueblo’

El acto ha contado con la presencia de la diputada del BNG en el Parlamento gallego, Mercedes Queixas, que calificó como el «mundo al revés» la denuncia contra estas personas, al tiempo que apeló a la urgencia de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide.

PROVOCAR «IMPACTO» EN LA SOCIEDAD

Antes de entrar al juicio, y en declaraciones a los medios, una de las denunciadas y portavoz del colectivo conocido como los ‘9 de la Casa Cornide’, Elvira Branco ha dicho que acudían al juicio con «la frente alta y tranquilos». Además, ha justificado la acción que realizaron en 2017. «Con la única finalidad de llamar la atención de que en Galicia hay inmuebles robados por los Franco».

En similares términos se ha pronunciado en su declaración como han hecho los demás denunciados: Armando Carril, Manuel Méndez, Carolina Fernández, Andrés López, Salvador González, Óscar Calvo, Dani Carballada y Bieito Lobeira.

Este último ha señalado que su intención ese día era provocar «cierto impacto» en la sociedad para que se reclamen bienes, según expuso y manifestaron los demás, «expoliados» por el franquismo. «Y que las administraciones públicas moviesen ficha y se restituyese al pueblo gallego».

«Una denuncia simbólica», han insistido otros que confirmaron, a preguntas del juez, que subieron al balcón por una escalera pero que no saben quién la llevó. También han dicho desconocer quién trajo una por la que bajaron. De los nueve denunciados, uno de ellos, Dani Carballada, ha explicado que no subió al balcón y que solo se limitó a ayudar a los demás a bajar.

ACCIÓN «PACÍFICA»

De hecho, una policía que declaró cifró en torno a ocho las personas que estaban en el balcón. «No bajaron a la primera, tardaron unas dos horas», ha asegurado sobre el requerimiento que se les hizo y que confirmó su superior.

«No recuerdo si ellos o fue voluntad mía», ha manifestado este policía al ser preguntado si los activistas le plantearon bajar accediendo al interior de la Casa Cornide. «Estaban en el balcón y nada más», ha aseverado, a preguntas de la defensa, sobre si los participantes mantenían una actitud «agresiva».

El empleado de los Franco que reside en el inmueble, donde realiza labores de mantenimiento, sostuvo que un policía le planteó la posibilidad de que bajasen por dentro de la casa, pero que sus jefes, a los que llamó, lo descartaron. También aseguró que la Policía le trasladó que iban a esperar a que bajasen los participantes en esta protesta «al ser pacífico». «Y que si después la familia quería denunciar lo harían».

INTENTO DE «COACCIONAR» PARA LOS FRANCO

En sus conclusiones, el letrado de los Franco ha pedido que sean condenados por un delito leve de coacciones y con la pena que determine el juez, que no le permitió la posibilidad de plantear cuestiones ya rechazadas por la Audiencia de A Coruña como la posibilidad de vincular los hechos con supuestos delitos de vulneración de morada y de odio.

«Las pretensiones eran las de coaccionar a alguien para que renuncie a unos derechos de propiedad», ha dicho sobre sus clientes. La defensa, que pidió la absolución, situó lo sucedido en un «ejercicio de la libertad de expresión» y rechazó la existencia de «elementos» para un delito de coacciones.

«La denuncia es una interpretación de la realidad por parte de la familia Franco, para ellos los tiempos deberían estar cambiando», ha argumentado después de que el juez aceptase la documentación presentada como prueba por esta parte relativa a las acciones que el Ayuntamiento de A Coruña anunció que hará para recuperar el edificio. Descartó, sin embargo, la nulidad de las actuaciones que planteó.