Este lunes 18 de enero arranca en la Audiencia Provincial de Ourense, el jucio de la conocida como Operación Zamburiña, que sentará en el banquilla de los acusados a nueve traficantes de drogas y cuatro agentes del Cuerpo de Policía Nacional que presuntamente colaboraban con ellos durante el año 2015 en la ciudad.

El juicio arrancará a las 10,00 en la Audiencia Provincial tras aplazarse el pasado lunes. Los 13 acusados se enfrentan a penas que suman 100 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o tenencia ilícita de armas atribuidos en distintos grados.

A los traficantes, la Fiscalía los acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas solicitando penas de hasta 13 años. Por su parte, los agentes, todos del Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Ourense, se enfrentan a diversas peticiones.

Tres de ellos tendrán que hacer frente a delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos –con penas de hasta 7 años y 9 meses de cárcel–, mientras que el cuarto en cuestión está acusado de revelación de secretos, cargo por el que únicamente se le solicita una multa de 5.400 euros. Además, sobre los cuatro también pesa una petición de inhabilitación.

Según recoge el escrito fiscal, los 13 procesados están implicados en una red de tráfico de sustancias estupefacientes que contaba con la «la aquiescencia y protección de varios agentes de la Policía Nacional».

APLAZADO POR LA PANDEMIA

A pesar de que el juicio tendría que haber comenzado el pasado lunes según el planteamiento previsto por el Tribunal Superior de Justicia, el macrojuicio tuvo que retrasarse una semana a causa de que uno de los imputados comunicó que tenía sintomatología compatible con covid-19 después de haber estado en contacto estrecho con un positivo.

Así, el pasado lunes, primer día de cuestiones previas, la defensa de este acusado pidió el aplazamiento del juicio alegando que su patrocinado «tenía todo el derecho del mundo a estar en la sala» puesto que se enfrenta a una pena dde 8 años de prisión.

A pesar de que tanto la magistrada como algunas de las defensas mantuvieron que las cuestiones previas podrían continuar sin la necesidad de que el acusado estuviese en la sala, finalmente el juicio se retrasó y comenzará este lunes.

ANÓNIMOS Y UN AGENTE MUERTO

Así las cosas, la Operación Zamburiña llega a juicio casi siete años después de que la oficina de Asuntos Internos recibiese una serie de escritos anónimos relacionados con tres agentes (dos de ellso hermanos gemelos) que echaron a rodar la investigación. Ese mismo año 2014 se producía el robo en el almacen de armas de la Policía Nacional y, dos años más tarde, la muerte por un disparo de uno de los agentes, registrada en la propia comisaría ourensana.

La declaración de uno de los gemelos estaba prevista para el 1 de febrero, aunque previsiblemente se retrasará tras el aplazamiento del arranque del juicio. Los hermanos están investigados por la muerte de su compañero en abril de 2016, así como por la sustración de seis armas del búnker, de las cuales, tres aparecieron en el despacho del agente fallecido, siendo una de ellas la usada para el disparo que terminó con la vida de este policía.

Aunque la Audiencia Provincial ha establecido que las tres causas son independientes, las defensas reivindican esa unidad por considerar que establece vínculos con la Operación Zamburiña. En noviembre de 2015, detuvieron a miembros del departamento de la policía ourensana fueron detenidos junto con narcotraficantes de pequeña y mediana escala.

UN CENTENAR DE TESTIGOS

El de la ‘Zamburiña’ es el juicio más largo y con más acusados en los últimos años en la Audiencia Provincial de Ourense. A lo largo de las sesiones están citados a declarar un total de 109 testigos entre las propuestas del Ministerio Público y las de las once defensas.

El primero será el responsable de Asuntos Internos que investigó la ‘Operación Zamburiña’ en coordinación con la Fiscalía. En total habrá declaraciones de 28 funcionarios del Departamento de Asuntos Internos y están citados policías de distintas unidades de la comisaría ourensana y también de la de Pontevedra.

La vista comenzará con las cuestiones previas que se tendrían que haber desarrollado entre el 11 y el 14 de enero. Proseguirá con las testificales, una semana más tarde, hasta el 28 de enero, cuando se procederá a los interrogatorios de los encausados, tanto los policías como de los presuntos traficantes. Con todo, la defensa mantiene la posibilidad de solicitar que declaren al final del juicio.

NULIDAD DE PRUEBAS

El pasado 11 de enero el abogado de la traficante para la que más pena de prisión se solicita –Fiscalía pide 13 años– expuso que en las cuestiones previas solicitará la nulidad de las intervenciones telefónicas, así como la de las entradas a domicilios y sus posteriores registros «por haberse realizado en base a una información tergiversada e incluso falsa de Asuntos Internos».

Del mismo modo, pedirá que también sea anulada la declaración inculpatoria de su cliente por «venir viciada por la decisión del juez de instrucción».

En la misma línea se manifestó la abogada de uno de los cuatro agentes acusados de colaborar con los narcotraficantes y que también pedirá la nulidad, pues «todo el proceso penal está marcado por irregularidades nunca vistas».

Por su parte, el secretario del SUP, Roberto González, ha manifestado el apoyo del sindicato al exjefe de la Unidad de estupefacientes y a los otros tres agentes investigados por los presuntos tratos de favor cuestionando la investigación desarrollada por el departamento policial y criticando «el escarnio» que han sufrido «por un proceso que nace viciado».