Gobierno central, Xunta y comité de empresa han instado a Alcoa a buscar «una solución negociada» para la planta de Cervo (Lugo), a lo que la dirección ha respondido que «siempre» ha estado «abierta al diálogo».
«Tras una propuesta del comité de empresa, el Gobierno realizará una convocatoria de reunión para todas las partes, incluida Alcoa, para buscar una salida negociada donde se dejó», ha destacado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
Al término de la primera reunión multilateral celebrada después de que la justicia anulase el despido colectivo que pretendía aplicar la multinacional, Zan ha subrayado que los representantes de los trabajadores intentarán «que esta negociación sea la que llegue a buen puerto», después de la fallida en los últimos meses, que permaneció bloqueada pese al interés de un inversor privado y la oferta de mediación del Ejecutivo central.
Por su parte, el comité espera «que Alcoa recapacite» y busque esa «salida», tras semanas de huelga indefinida y «por el bien de A Mariña, de los accionistas y de los trabajadores».
El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, por su parte, ha señalado que las administraciones (tanto el Gobierno gallego como el central) tuvieron «la ocasión» este lunes «de trasladar la necesidad de buscar una solución negociada» a Alcoa.
Ahora, después de algo más de una hora de encuentro, ha afirmado que quedan a la espera de «la respuesta» de la compañía y espera «el sí a un dialogo que sería un sí al mantenimiento de la actividad y un sí a A Mariña».
«SIEMPRE ABIERTA AL DIÁLOGO»
La multinacional del aluminio, por su parte, ha asegurado que «siempre ha estado abierta al diálogo tanto con el Gobierno central como con la Xunta de Galicia, así como con los representantes de los trabajadores». «Con esa actitud hemos asistido hoy a esta reunión a la que nos ha convocado el Gobierno», se ha limitado a apuntar.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que Alcoa pretendía ejecutar para más de 500 trabajadores al considerar que hubo «mala fe» en las negociaciones.
