El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha constatado que, desde la desescalada, no hubo un rastreo suficiente de contactos de personas contagiadas por Covid-19 y que la vigilancia de las cuarentenas no ha sido efectiva, tal y como se desprende de las quejas que ha recibido la institución durante los meses de la pandemia.

«Ni ha habido un rastreo suficiente de contactos, para cada nuevo contagiado, ni la vigilancia de las cuarentenas y aislamientos ha sido efectiva», precisa en el documento ‘Actuaciones ante la pandemia de Covid-19, publicado este jueves, donde relata las quejas recibidas y las actuaciones desarrolladas por la institución en relación con la pandemia del coronavirus.

Además, añade que incluso la información prestada a los pacientes «parece haber sido deficiente en algunos casos», respecto a «personasaisladas esperando que alguien las llame o pendientes del resultado deuna PCR durante muchos días».

En todo caso, precisa que sería «incorrecto» atribuir ese «fracaso» a la capacidad de trabajo de las personas y profesionales que han llevado a cabo ese rastreo y vigilancia con los medios de que disponían o descargar la responsabilidad únicamente en la conducta de los ciudadanos.

A su juicio, hay que achacarlo a «una deficiente ejecución de las medidas planificadas para hacer el seguimiento de la pandemia». Así, indica que el número de rastreadores y la capacidad de la atención primaria, «el dique de contención de la segunda ola», está «muy por debajo del promedio europeo».

A la vista de los datos facilitados por algunas administraciones, y del volumen de contagios en la segunda ola de la pandemia, el Defensor dice que «pareciera que algunas administraciones no se tomaron del todo en serio, en concreto, la estrategia de vigilancia epidemiológica, para rastrear e identificar posibles contagios».

Además, el Defensor señala que desde finales de julio, en la institución se empezaron a recibir más quejas referidas al «desbordamiento de la atención primaria (muy especialmente en la Comunidad de Madrid, pero también en otras autonomías)».

Por ello, la institución ha iniciado un número «significativo» de investigaciones singulares pidiendo a la Administración autonómica competente que detalle las plantillas que efectivamente prestan servicio en algunos de esos centros y el volumen de la actividad que han desarrollado entre los meses de junio a septiembre.

En este contexto, el Defensor del Pueblo reclama mayor inversión en el sistema de salud, en la investigación sanitaria y dotar de más recursos a los servicios autonómicos de salud.