La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, ha situado en el 31 de marzo la fecha de apertura del cuarto juzgado de lo social en la ciudad, al tiempo que ha vuelto a culpar a la Xunta de Galicia de que no entre en funcionamiento antes de que termine el 2020.

En declaraciones a los medios este lunes, la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia ha manifestado que el «deseo» del Ministerio de Justicia era que este nuevo órgano, incluido en el plan de medidas urgentes frente a la covid-19, estuviese operativo el 31 de diciembre junto a otros 13 juzgados de España.

Así, Rodríguez ha reafirmado el «compromiso» del Gobierno central con este asunto, al tiempo que ha recordado que el real decreto aprobado el martes pasado, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles, recoge su creación.

No obstante, ha explicado que la fecha para la entrada en servicio de este juzgado, que efectivamente se establecerá mediante una Orden Ministerial, estará «condicionada por la dotación de los medios que necesita para funcionar», tanto humanos como materiales, que los «debe aportar la Xunta».

«Según la información trasladada al Gobierno, la previsión de la Xunta (…) para que el nuevo juzgado de lo social de Lugo disponga de los medios precisos para su entrada en funcionamiento es el 31 de marzo», ha insistido Isabel Rodríguez.

RESPUESTA DE LA XUNTA

Tras estas declaraciones, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, ha reiterado que el Gobierno gallego está «a la espera» de la Orden Ministerial que ponga la apertura del juzgado, toda vez que ya trasladó «en noviembre» al Ministerio que establecía su puesta en marcha en el primer trimestre del 2021 y que el real decreto de la semana pasada «no fijaba fechas».

En cualquier caso, Arias ha subrayado que la Administración gallega «dará respuesta» a las reivindicaciones de los lucenses y de las asociaciones judiciales con la puesta en marcha de este nuevo órgano, una petición «desoída en 2019» –ha criticado– por el Gobierno central y que derivó en una solicitud conjunta trasladada desde la Vicepresidencia de la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Además, Arias ha garantizado que en el primer trimestre de 2021 el nuevo juzgado contará con los medios materiales, mobiliario, equipos informáticos y personal auxiliar precisos para su puesta en marcha.

De hecho, ha dicho que de los 238.000 euros destinados a la nueva sala, «la mayor partida» estará dedicada a funcionarios –dos gestores, cuatro tramitadores y dos auxiliares–.