El presidente de la Asociación Gallega de Centros Especiales de Empleo sin Ánimo de Lucro (Cegasal), José Antonio Vázquez Freire, ha trasladado a la valedora do Pobo su preocupación «por el escaso cumplimiento» de la ley de contratación pública de 2018 por parte de las administraciones, en concreto en lo que se refiere a la reserva de carga de trabajo a los centros de iniciativa social.

Vázquez Freire ha explicado a María Dolores Fernández Galiño que esta situación «se ha visto agravada» con la pandemia, indica la asociación en una nota de prensa.

De hecho, señala que «desde la declaración del estado de alarma hasta la primera quincena del mes de septiembre se registró un descenso del 56% en la contratación de trabajadores con discapacidad con respecto al mismo periodo de 2019» y añade que son las personas mayores de 55 años «las más afectadas, con una bajada del 71% en las contrataciones».

Asimismo, José Antonio Vázquez Freire ha solicitado a la valedora «su apoyo para que las instituciones públicas prioricen en sus contratos a los centros de empleo sin ánimo de lucro frente a los que sí lo tienen».

«Todos los beneficios que obtienen las empresas que representamos se reinvierten en más puestos de trabajo, más líneas de actividad o mejores condiciones económicas para los empleados», ha destacado.

En este sentido, el presidente de Cegasal ha apuntado que sus centros «no buscan hacer negocio con las personas con discapacidad, sino facilitar una salida profesional a gente que tiene muy difícil su acceso al mercado laboral».

También ha reconocido el «paso atrás» que ha dado la economía social por culpa del coronavirus, al tiempo que insistió en la necesidad de que se reactive la mesa de seguimiento de los contratos reservados a centros de iniciativa social, «paralizada desde hace varios meses por la crisis sanitaria».