Las dos secretarias que trabajaron en el Ayuntamiento de O Carballiño durante el mandato como alcalde del exlider del PSdeG Pachi Vázquez han diferido en cómo se llevaban a cabo las tareas a la hora de realizar los decretos de contratación.
El testimonio de las dos secretarias ha centrado la seguna sesión del juicio que se celebra el Ourense contra Pachi Vázquez y otros cuatro ediles por un supuesto delito de prevaricación relacionado con unos 60 contratos.
Así pues, la primera secretaria que empezó a trabajar en el Ayuntamiento como asesora jurídica en 1998, ha reconocido que ejerció como secretaria accidental entre el 2000 y el 2004 y ha asegurado que, durante el tiempo que permaneció en el cargo su función, «sí que involucraba leer los distintos decretos de contratación» y postular su firma «confirmando la legalidad».
En este sentido, ha sostenido que, mientras ella estuvo en el cargo, explicó a concejales y al alcalde la correcta forma de publicar plazas para trabajos municipales», que pasa por la accesibilidad, la igualdad, el mérito y la capacidad.
No obstante, ha señalado que tenía un secretario de categoría superior, José María Baño, con el que «formaba un equipo» encargado de revisar esta documentación y ha afirmado que ninguno de los dos «reparó en nada que supusiese una falta contra estos principios de contratación pública».
EXCEPCIONALIDAD
No obstante, en el 2004 se incorporó al cargo una nueva secretaria que estuvo hasta 2011. Preguntada por la fiscal sobre cómo se garantizaba que se cumpliese los principios para poder optar a una plaza pública, esta ha optado por guardar silencio.
También ha reiterado su silencio al ser preguntada por la fiscal sobre si como secretaria era consciente de cómo se realizaban las contrataciones en el Ayuntamiento. Con todo, a posteriori ha admitido que «algunos excepcionalmente cubrían los procedimientos» y que, con el resto, «no se que se hacía». «Ya no lo recuerdo», ha afirmado.
A diferencia de la anterior secretaria, ha declarado que su firma «no daba legalidad a los decretos» y ha sostenido que, «a veces», «los firmaba sin leer» toda vez que «ya tenían la firma del propio alcalde».
Asimismo, ha afirmado que si no le solicitaban informes previos de legalidad «no los hacía» y que «no había sello de registro puesto que en materia de contratación no era obligatorio».
«Había poco personal y mucho trabajo. No había capacidad material para leer todos los decretos», ha asegurado antes de señalar que «no se le pidió asesoramiento a la hora de las contrataciones» sino que, «se enteraba porque lo oía por el ayuntamiento»
Con todo, ha expresado que «se empezó a hacer el procedimiento mejor» cuando entró a la alcaldía Carlos Montes y estaba de concejal de Personal José Antonio Barge –dos de los cuatro acusados en el juicio–. Además, ha testificado que adviritó «verbalmente de irregularidades administrativas tanto a ellos como al propio Pachi Vázquez.
ARCHIVO
Otras dos de las personas llamadas a testificar en la vista oral han sido las encargadas del archivo. El primer archivero, que trabajó desde 1998 hasta el 2010 –fecha en la que se jubiló– ha asegurado que, por aquel entonces, todas las informaciones del Ayuntamiento estaban en la segunda planta del edificio, que funcionaba como archivo, y se registraban en un IMB 386.
Tras su marcha, parte de la información se dividió en otra instalación del Ayuntamiento y en una nave ubicada en el polígono industrial.
Con esta división de la información se encontró el segundo trabajador, que se incorporó en el 2014, habiendo sido con anterioridad policía local. Él mismo ha manifestado que «no tenía formación en archivos» por lo que «les hacía un hueco a los papeles» que le daban «en una estantería». «Y ya», ha expresado.
En ese año, ha declarado que la secretaria le había pedido que localizase los expedientes de los procesos selectivos que ahora se juzgan y que «de algunas personas aparecieron y de otras no». Además, ha ratificado que, en la nave industrial, hubo un incendio que afectó a «maquinaria y vehículos que se encontraban allí» pero no supo asegurar si también pudo causar daños en la documentación.