La defensa del exsecretario del Ayuntamiento de Fisterra (A Coruña), condenado a dos años y medio de cárcel y tres de inhabilitación profesional por los delitos de falsedad y malversación de caudales públicos, ha pedido la revocación de la sentencia al entender que los hechos que un jurado declaró probados por unanimidad «no encajan en los tipos penales por los que fue condenado».

Así lo expuso el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la vista fijada para este martes en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras el recurso de apelación presentado por esta parte. Con ello, pretende que el exsecretario municipal, condenado por detraer dinero de las arcas municipales, sea absuelto o haya una rebaja de su condena.

Sobre los motivos del recurso, ha expuesto que «una falsedad requiere de una habilidad que sea capaz de inducir error a aquella persona a la que va dirigido», algo que, según ha precisado, no se da en este caso.

Por otra parte, ha defendido que su cliente no era el «custodio de los dineros del ayuntamiento» y que, por tanto «falta un requisito para que pueda haber malversación». También ha apelado a la existencia de un acuerdo entre el entonces alcalde y el exsecretario por el que cobraría las horas hechas de más «cuando las arcas estuvieran más saneadas».

«El alcalde y el jurado declaran probado que ese pacto existe», ha remarcado el letrado para quien la «bonanza» existente en el ayuntamiento cuando el hombre obtuvo distintas cantidades de dinero, entre los años 2011 y 2012, es «incompatible con la malversación».

PETICIÓN SUBSIDIARIA

De forma subsidiaria, y de no recogerse su petición de la absolución, plantea, para la rebaja de la pena, la reparación del daño por el dinero devuelto y dilaciones indebidas. «Se tarda ocho años entre los hechos y el juicio», ha añadido.

En el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión mientras que la acusación particular –ejercida por el ayuntamiento– reclamó su condena y la defensa su absolución. El acusado alegó en el juicio que el dinero, unos 26.000 euros de los que devolvió 6.000 en 2018, según se expuso en la vista, se correspondía a anticipos y gratificaciones por la jornada laboral que realizaba a mayores.