El gerente de la constructora Eiriña, Enrique A.P., volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por una pieza separada de la conocida como Operación Patos, y lo hará junto a un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, ambos acusados de soborno, por el supuesto pago de servicios de prostitución a cambio de beneficios en la adjudicación de obras.

Así, un tribunal popular juzgará, entre el lunes y el jueves, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), a este empresario y al jefe de servicio de la Concejalía de Fomento, Álvaro C.C. Para el funcionario, la Fiscalía pide 1 año de prisión y 3 de inhabilitación para cargo o empleo público, mientras que para el constructor reclama 9 meses de prisión e inhabilitación especial para desempeñar trabajos que tengan que ver con la construcción y contratación pública.

Según el ministerio público, al menos en dos ocasiones (el 21 de junio de 2013 y el 14 de febrero de 2014) este funcionario mantuvo encuentros con prostitutas, cuyos servicios fueron contratados y pagados por Enrique A.P.

La Fiscalía sostiene que el empresario pagaba esos servicios a Álvaro C.C. en atención al cargo que desempeñaba en el Ayuntamiento de Vigo, en el que participaba en procesos de adjudicación de obras y servicios contratados por la administración municipal.

OPERACIÓN PATOS

Estos hechos se concretaron en fase de instrucción en una de las piezas separadas de la conocida como Operación Patos, una investigación sobre un supuesto entramado de prevaricación, soborno, tráfico de influencias y otros delitos, en relación con la adjudicación de obras públicas de diversas administraciones. El nexo común de los procesos era casi siempre el gerente de la constructora Eiriña, considerado el ‘conseguidor’ de los contratos.

La investigación de esa trama saltó a la luz pública en febrero de 2014, cuando fueron detenidos cuatro empresarios y un concejal de Nigrán. A lo largo de la instrucción judicial llegaron a estar investigados casi medio centenar de empresarios, políticos y funcionarios de Vigo y otras localidades de la provincia, y la causa se separó en varias piezas.

No obstante, casi todos los procedimientos fueron archivados porque, según indicó la Fiscalía en su día, muchos de los hechos y comportamientos, si bien «reprochables», no eran calificables como delitos.

De los múltiples frentes abiertos por la Operación Patos, solo llegaron a juicio cuatro piezas: una relativa a obras en Nigrán, que se saldó con un acuerdo de conformidad; otra por la adjudicación de una obra en el Puerto de Vigo (en la que tanto el gerente de Eiriña como los otros acusados fueron absueltos); el caso de una adjudicación de una obra de un campo de fútbol en Moraña (que se ha juzgado este viernes en Pontevedra, con Rafael Louzán y la delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, entre los acusados); y el caso de supuesto soborno mediante el pago de servicios de prostitución, que se juzgará la semana que viene.