El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que engloba a diversos colectivos y entidades del llamado ‘tercer sector’, ha dado este martes un «tirón de orejas» a la Consellería de Sanidade, con la que ha dicho que «casi no hay diálogo», porque las restricciones adoptadas para luchar contra la COVID-19 «no sirven para todos».

Durante la comisión parlamentaria para la reactivación poscoronavirus, el presidente del Cermi en Galicia, Iker Sertucha, ha agradecido la atención recibida por departamentos de la Xunta como Educación y Política Social, pero ha lamentado que no sea así por parte de Sanidade: «No somos invitados, no somos consultados, no quieren nuestra opinión como Cermi gallego. Toman decisiones casi unilaterales».

«Hay decisiones acertadas, otras no, y lo importante es el debate y si hay un error, subsanarlo. Pero si no hay un diálogo y se imponen las medidas, es muy complicado», ha añadido posteriormente. Por todo ello, tras asegurar que su intención es la de «aportar», Sertucha ha reclamado a la cartera que está en manos de Julio García Comesaña que «se implique más».

Entre las sugerencias que ha hecho, ha explicado que hay personas con discapacidad que «no pueden entrar solos» en los centros de salud y hospitales, además de que la atención telefónica en materia sanitaria y de valoración de la dependencia supone «una enorme barrera».

En este contexto, ha pedido a Sanidade mayor «implicación» y que ayude a las entidades de atención a la discapacidad a evaluar la calidad y la homologación del material sanitario que adquieren, como por ejemplo las mascarillas transparentes para personas sordas.

Y es que, a pesar del diálogo «extraordinario» que mantiene el Cermi con la Consellería de Política Social –a la que llegó a premiar por su labor– y con Educación, Sertucha ha puesto el foco en que se requiere el «trabajo conjunto de todas las consellerías», porque además permitiría «liberar carga» al departamento que dirige Fabiola García.

«Los políticos piensan que la discapacidad es un cajón que pertenece a la política social, pero tenemos necesidades en todos los campos», ha resumido.

OCHO MEDIDAS «PRIORITARIAS»

Durante su comparecencia en la comisión de reactivación, el presidente del Cermi en Galicia ha expuesto ocho medidas «prioritarias» para el futuro de los colectivos que representa, entre ellas la posibilidad de tener «un fondo de reserva» económico para que las entidades no sufran una «merma» en sus presupuestos como consecuencia de la adquisición de efectivos de protección contra la pandemia.

De hecho, Sertucha ha demandado que las administraciones «garanticen todas las pruebas PCR y materiales» a las entidades prestadoras de servicios a personas con discapacidad, además de «anticipos» que no empujen a las instituciones hacia problemas de liquidez.

Asimismo, ha recalcado la necesidad de que «cualquier servicio público» asegure su acceso «sin barreras» y de que la Xunta acelere el desarrollo del decreto de la ley gallega de accesibilidad del 2014. No en vano, en caso de un eventual segundo confinamiento, ha apelado a «evitar la soledad forzosa tanto en el pleno social como comunicativo» de estos colectivos.

Entre otras propuestas, Iker Sertucha ha pedido a la Xunta que, a la hora de emitir los datos y estadísticas sobre la pandemia del coronavirus, se informe también en función de variables como la capacidad y el género.

GRUPOS POLÍTICOS

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del BNG Olalla Rodil ha coincidido con el presidente de Cermi Galicia en la «importancia» de incluir diferentes perspectivas, tanto de género como de personas de cualquier condición, a la hora de «desarrollar políticas de todo tipo».

Además, la nacionalista ha mostrado la «preocupación» de su formación con el impacto de la COVID-19 en centros de atención a la discapacidad y ha criticado que «la mayor parte de las plazas» de Galicia, igual que en las residencias de ancianos, estén «gestionadas por entidades privadas».

El PSdeG, a través de la diputada Marina Ortega, ha lamentado que la Xunta mantuviese instalaciones como centros de día cerradas durante meses tras la declaración del estado de alarma: «Supuso un problema para estas personas, que pudieron ver durante un tiempo cómo podían abrir verbenas pero esos centros seguían cerrados».

La socialista también ha propuesto «revisar» los baremos de los equipos de valoración de la dependencia y la discapacidad y ha calificado como «urgente» la continuidad de prestaciones como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) extraordinario.

Por su parte, Alberto Pazos (PP) ha agradecido al presidente de Cermi esa «búsqueda de entendimiento permanente» con consellerías como Política Social y Educación y ha recogido las reclamaciones realizadas hacia Sanidade: «Tienen que corregir ese defecto. Seguro que ahí también encontramos espacios de mutua colaboración».

El diputado popular también ha destacado las tasas de mortalidad «más bajas» de Galicia en fallecidos en las listas de espera de valoración de la dependencia y en los centros de atención a la discapacidad durante la pandemia del coronavirus –hasta el momento, tan solo se ha reportado una víctima en estas instalaciones diagnosticada de COVID-19–. A su juicio, esto habla «del buen hacer» de dichos centros.