UGT y CC.OO. han lamentado la «falta» de medidas de prevención de la segunda ‘ola’ de la pandemia adoptadas pese al impacto de la primera en las residencias de mayores y han resaltado que la mayor parte de los casos de COVID-19 se detectaron en las privadas debido a sus carencias de medios y personal.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada este lunes en Vigo, el secretario comarcal de UGT en Vigo, Ernesto Fontanes, ha destacado que la residencias públicas han sido «las que más han resistido» a la pandemia frente a las privadas y las concertadas, lo que ha achacado a la «falta de medios» y a las ratios del personal de atención a las personas mayores de las segundas.

De este modo, Ernesto Fontanes ha considerado la pandemia ha puesto de manifiesto que «no hay una gestión homogénea» de la misma y la «falta de criterios» establecidos para ello. Así, ha criticado que no se hayan asumido «responsabilidades» ante los contagios de COVID-19 y los fallecimientos de usuarios de residencias pese a que «todo el mundo sabe qué medidas hay que tomar».

Así las cosas, ha llamado a preguntarse «qué trabajo» se ha llevado a cabo tras la primera ‘ola’ de la pandemia para evitar más fallecimientos de personas mayores dado que sigue representando un problema en la segunda.

A este respecto, el responsable de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC.OO., Tito Ucha, ha precisado que el 90% los fallecimientos de usuarios de residencias de mayores se registraron en las privadas durante la primavera, lo que ha remarcado que debería haber motivado un análisis de las medidas adoptadas.

GESTIÓN DE CASOS EN RESIDENCIAS

Así, ha concluido que se ha evidenciado que «una residencia no es lugar para personas infectadas» de coronavirus, por lo que ha señalado que los positivos deben trasladarse a un «centro intermedio» desde el que se decida si serán trasladados a su lugar de origen o a un hospital según su estado.

Aunque ha recordado que se ha abierto un proceso jurídico para dirimir supuestas responsabilidades de la gestión de la pandemia, ha llamado a evitar el «debate» sobre si corresponden al Gobierno central o a las comunidades dado que no resulta «productivo» ante la situación actual.

Además, Tito Ucha ha insistido en la necesidad de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se sitúe «por encima de las batallas» y de que las comunidades se pronuncien en los mismos términos, así como de evitar «un discurso victimista».

Ante esta situación y el fallecimiento de 24.000 personas «en soledad» durante la primera ‘ola’, ha abogado por que se incremente el número de rastreadores y por que se potencie el sector público en la sanidad y la atención a la dependencia.

Preguntada por la situación de la residencia de Salvaterra de Miño, intervenida hace dos semanas por la Xunta, la secretaria comarcal de CC.OO. en Vigo, Amelia Pérez, ha afirmado que «nunca» ha habido la «fiscalización seria» de la misma que «exige» un concierto con el sector privado.

En este sentido, ha denunciado que las instalaciones de la residencia de Salvaterra son, prácticamente, «tercermundistas» y que los gerocultores «utilizan bolsas de pañales» para levantar las camas de los usuarios, así como que las patas de estas se encuentran en mal estado. Por ello, ha insistido en que los conciertos deben conllevar un «control» de las ratios de usuarios por gerocultores, entre otros.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Mediante una carta remitida a la Xunta, ambos sindicatos han urgido una reunión con la delegada territorial en Vigo para abordar las necesidades de atención a la dependencia o que se dé respuesta a las mismas, trasladadas inicialmente a finales de 2018.

El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en el área de Vigo, Juan Fontenla, ha precisado que mediante la misiva se ha vuelto a urgir que se potencie el servicio público de atención a la dependencia con la creación de 400 plazas en la zona y que se realice una «inspección eficaz» de las residencias y centros de día para garantizar que «cumplen los parámetros previstos por la ley».

También ha demandado que se ponga en marcha el consejo gallego de personas mayores creado durante la etapa del ‘bipartito’ como «órgano de colaboración y consulta» con la Xunta y que se reduzcan las listas de espera para acceder a servicios de atención a la dependencia.

Los sindicatos han planteado de nuevo la constitución de una comisión de investigación sobre los «errores cometidos» durante la primera ola de la pandemia y establecer con la Xunta las «condiciones básicas» de la atención a mayores. Además, han pedido incrementar el gasto sanitario y coordinar la Atención Primaria, la Atención Hospitalaria y la atención especializada.