El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta y el Valedor do Pobo colaborarán otro año para dar «mejor atención e información» a las familias afectadas por desahucios por impago y por ejecuciones hipotecarias, según se desprende del nuevo convenio que han firmado la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la titular de la institución comisionada, María Dolores Fernández Galiño.
Según informa la Administración autonómica, el objetivo es «doble». Por un lado, renovar el marco de colaboración en este sentido y, por otra, establecer «canales de comunicación ágiles y preferentemente por vía electrónica» de modo que «fluya la información correspondiente a quejas o consultas» presentadas ante el Valedor.
La Xunta recuerda que las quejas recibidas por la institución comisionada del Parlamento de Galicia en materia de desahucios «se refieren, fundamentalmente, a casos de la vivienda habitual derivados de ejecuciones hipotecarias o falta de pago de las rentas del alquiler».
Gracias al acuerdo renovado, el Valedor do Pobo «seguirá impulsando y dando a conocer cuantas medidas vayan orientadas a buscar la efectividad del derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada», añade la Xunta.
En paralelo, para dar continuidad a las actuaciones conjuntas desarrolladas desde 2015, el Valedor sugerirá o recomendará a las administraciones locales su adhesión al programa de viviendas vacías puesto en marcha por el Gobierno gallego con el objetivo de «optimizar las que estén desocupadas».
Así las cosas, para garantizar la consecución de los objetivos previstos en el acuerdo, ambas instituciones se comprometen a constituir una comisión de coordinación integrada por un representante de cada una, que se encargará de proponer acciones, desarrollarlas y evaluar sus resultados.
